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DERECHOS, NO REDADAS
Por David Bacon y Bill Ong Hing
Huellas Mexicanas 5/09

Cuando la administración de Obama, reiteró recientemente que este año propondría una reforma migratoria, elevó la esperanza de millones de familias migrantes por lograr el “cambio en el que podemos creer”. Esto fue seguido por una nueva posición adoptada por la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y la alianza de sindicatos Change to Win respecto al tema de la migración, rechazando la expansión de los programas de trabajadores temporales que habían sido previamente apoyados por algunos sindicatos.

Mientras prepara una reforma migratoria, y en vez de persistir en los convenios que han fallado durante los últimos siete años, la administración de Obama deberá ver seriamente por qué han fallado estos convenios y considerar alternativas reales. Los poderosos grupos en Washington están proponiendo nuevamente ofrecer visas de trabajo (presumiblemente para el periodo posterior a la recesión) para una escasez de mano de obra en el futuro y el encarcelamiento de los indocumentados en los centros de detención, los cuales consideran “necesarios en algunos casos.” Lo más inquietante, después de años de redadas durante el gobierno de Bush, es el continuo énfasis en la aplicación de la ley en contra de los trabajadores.

Necesitamos clarificar la realidad.

Por más de dos décadas, para un trabajador indocumentado ha sido un crimen el contar con un empleo en Estados Unidos. Para imponer esta prohibición, los agentes de migración han realizado redadas como las que vimos en las plantas empacadoras de carne en los últimos años.

Actualmente, algunos sugieren una aplicación de la ley “más suave” o políticamente más aceptable –como la gigantesca base de datos integrada con los números del sistema de Seguridad Social. Los empleadores podrían contratar únicamente aquellos trabajadores cuyos números “demostraran” su estatus migratorio legal (“E-Verify”). Los trabajadores que no contaran con dicha “autorización para trabajar” no podrían trabajar legalmente, y tendrían que ser despedidos.

Ya sean firmes o suaves, todas estas medidas refuerzan lo previsto en las leyes migratorias de Estados Unidos desde 1986 –sanciones a los empleadores- lo cual hace que sea ilegal que un empleador contrate un trabajador sin un estatus migratorio legal. En realidad, la ley convierte en un crimen el que un trabajador indocumentado tenga trabajo.

La racionalidad de este esquema siempre ha asumido que esto eliminará los empleos para los trabajadores indocumentados y los desalentará de migrar. Sin embargo, para aquellos que servimos en una comisión del sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW), que analizó las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en las plantas Swift and Co., a lo largo del país, aprendimos, que en realidad, la ley ha tenido efectos desastrosos en todos los trabajadores . En vez de reforzar o ajustar sanciones a los empleadores, estaríamos mucho mejor si las suprimiéramos.

Las redadas en los lugares de trabajo y el reforzamiento de la ley han dejado severas heridas emocionales en las familias. Los trabajadores fueron tratados con desprecio. Los niños fueron separados de sus padres y privados, sin previo aviso, de acceso a la escuela o cuidado diario. El reforzamiento de la aplicación de la ley ha envenenado las comunidades, produciendo controversias estatales y leyes locales anti-inmigrantes, así como ordenanzas dirigidas en contra de los trabajadores y sus familias.

Las sanciones a los empleadores no ha reducido del todo la migración indocumentada. Han fallado porque el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y la globalización han creado una gran presión migratoria. Desde 1994, más de seis millones de mexicanos han migrado a Estados Unidos. Ismael Rojas, que llegó sin papeles, asegura que, “puedes abandonar a tus hijos para ganar dinero y poderlos cuidar, o te puedes quedar con ellos y ver cómo viven en la miseria. La pobreza hace que dejemos a nuestras familias.”

Tratar de disuadir a los trabajadores de que migren, arrestándolos por trabajar sin autorización, o intentar impedirles que encuentren trabajo, está predestinado a fallar. Para reducir la presión que causa la migración INDOCUMENTADA, necesitamos cambiar nuestras políticas económicas y de intercambio comercial para que no produzcan pobreza en países como México.

Ken Georgetti y John Sweeney, presidentes del Congreso Canadiense del Trabajo y la AFL-CIO, respectivamente, enviaron una carta al presidente Obama y al Primer Ministro Canadiense, Harper, recordándoles que “el fracaso de las políticas neoliberales para crear trabajos decentes en la economía Mexicana bajo el TLCAN, ha significado que muchos trabajadores desplazados y recién incorporados, sean forzados a una búsqueda desesperada de trabajo en cualquier parte.” La nueva posición conjunta de la AFL-CIO y de la federación de sindicatos Change to Win, reconoce que “un componente esencial de una solución a larga duración es el comercio justo y un modelo de globalización que eleve la condición de vida de los trabajadores.”

El continuo apoyo a las sanciones a los empleadores y los programas de autorización del trabajo, contradicen este análisis. Aun con un programa de legalización, millones de personas continuarán sin papeles, en tanto que más y más personas sigan migrando cada año. Para estas personas, trabajar sin “autorización” continuará siendo un crimen. Y mientras que las sanciones a los empleadores tienen poco efecto en reducir la migración, continuarán haciendo a los trabajadores vulnerables a las presiones de los empleadores.

Cuando los trabajadores indocumentados son despedidos por protestar por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, las sanciones de los empleadores les prohíben recibir beneficios por desempleo e invalidez, aun cuando pagan por ellos y es más difícil encontrar otro trabajo. Una base de datos como la “E-Verify” que les niega el trabajo, agravará este problema

La aplicación de la ley en el lugar de trabajo también incrementa la discriminación. Después de cuatro años de que comenzaran las sanciones, la U.S., Government Accountability Office (GAO) reportó que 346, 000 empleadores en Estados Unidos aplicaron los requerimientos de verificación migratoria solo a aquellos solicitantes de empleo con un acento o apariencia “extranjera”. Otros 430, 000 empleadores, sólo contrataron trabajadores nacidos en Estados Unidos.

A pesar de estos obstáculos, los trabajadores inmigrantes, incluidos los indocumentados, han defendido sus derechos laborales, organizado sindicatos y han obtenido mejores condiciones. Sin embargo, las sanciones a los empleadores ha hecho esto más difícil y más peligroso. Cuando las redadas y la verificación de documentos aterrorizaron a los inmigrantes de las empacadoras de Tarheel en Smithfield, fue incluso más difícil organizarse para los trabajadores blancos y negros.

Los bajos salarios de los trabajadores indocumentados sólo se incrementarán si logran organizarse. La Employee Free Choice Act, podría facilitar la organización de los trabajadores. Sin embargo, la “autorización para trabajar” privará a millones de migrantes su derecho a organizarse reconocido en dicha ley.

La alternativa a las sanciones a los empleadores, es reforzar el derecho a organizarse, al salario mínimo y a la protección laboral, incluida la protección contra las largas jornadas laborales.

La eliminación de las sanciones, no cambiará el requisito de que las personas migren legalmente a Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aún tendrá el poder de reforzar la aplicación de la ley. Si un programa de legalización fuera aprobado al mismo tiempo que las sanciones fueran eliminadas, muchos trabajadores indocumentados en Estados Unidos podrían normalizar su estatus. Una política más generosa que incluyera la reunificación familiar, permitiría a las familias cruzar la frontera legalmente sin tener que estar obligadas a la servidumbre de los programas de trabajadores temporales.

Programas de empleo junto con la defensa de los derechos de los migrantes, exigir a los empleadores que contraten trabajadores de las comunidades con altos índices de desempleo puede reducir la competencia por los trabajos y el miedo a la migración. Juntos podrían fortalecer los sindicatos, incrementar los ingresos, contribuir a la recuperación de la economía de la nación, e integrar al pueblo de nuestro país. De otra forma, las sanciones a los empleadores continuarán separándonos.

(Traducción Rodolfo A. Hernández Corchado)

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