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¿QUIÉN ANIQUILÓ LA REFORMA MIGRATORIA Y QUIÉN LA QUIERE DE REGRESO?
Por David Bacon
Traducido por Edaly Quiroz, Dirección de Patrimonio Mundial, INAH

A pocas horas de que el Senado votó en contra de la ley de reforma migratoria, los cabilderos de la enorme corporación de programas de computación Oracle Corp., ya habían declarado que la propuesta de Silicon Valley sobre el aumento del número de trabajadores temporales seguía viva. Robert Hoffman afirmó al periódico San Francisco Chronicle: “No pensamos que esté muerta”. El Presidente Ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, amenazó con trasladar los trabajos de mayor tecnología fuera del país si las corporaciones electrónicas no contrataban más trabajo inmigrante. Otro vocero corporativo también anunció que estaban buscando formas de revivir el proyecto de ley en el Senado, en el que han invertido un considerable capital político.

Comunidades de inmigrantes y activistas sindicales han estado en las calles por meses, tratando de detener el mismo proyecto de ley. Sólo en San Francisco, siete personas fueron arrestadas en las oficinas de la senadora Diane Feinstein, durante el receso que precedió al voto del 7 de junio. Decenas más confrontaron a la senadora frente a su casa la mañana después de los arrestos. A lo largo del país, demostraciones similares hicieron lo posible por acabar con ese proyecto de ley. La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) lo llamó “un cínico y mal intencionado esfuerzo de los senadores que buscaban envenenar el debate sobre la reforma migratoria otra vez”, y advirtió, “estamos temerosos de que un proyecto de ley insuficiente del Senado no sea adecuadamente reparado en la Cámara de Representantes o en una sesión del pleno”.

No fue sorpresivo el que muchos acogieran (tal vez temporalmente) la muerte de la reforma inmigratoria completa como un movimiento necesario para proteger a los propios inmigrantes. Estos grupos vieron en el proyecto de ley una amenaza para aumentar los programas de trabajo por contrato, mayor ejecución y redadas, aumentar la militarización de la frontera. Los “Filipinos a favor de la Acción Afirmativa”, expresando una crítica común a las comunidades asiático-americana y latina, dijeron que el proyecto de ley “convirtió la inmigración familiar y permanente en un sistema de empleo temporal”.

Aún cuando el debate en el Senado procedió, la promesa del proyecto de ley sobre la legalización de los 12 millones de indocumentados que residen en el país probó ser tan restrictiva que eventualmente sólo un pequeño porcentaje serían calificados. Los migrantes que no tienen una situación legal regular tendrían que poner en riesgo a sus familias sólo para solicitar su “legalización”.

Después del voto en el Senado que derrotó la propuesta, matando el proyecto de ley al menos por el momento, John Sweeney, cabeza de la AFL-CIO, lo declaró “plagado de provisiones anti-familiares y anti-trabajadores”, y lo llamó “una sentencia de muerte desde el principio. El proyecto de ley abandonó la política estadounidense de residencia permanente que favorecía la reunificación familiar y falló en la protección de los derechos básicos de los trabajadores.

A pesar del hecho de que la administración Bush fue intermediaria en el proyecto de ley, muchos de sus postulantes no eran Republicanos, sino Demócratas liberales, más específicamente el Senador Edward Kennedy. Apoyando la propuesta de ley estaba una red de cabilderos referidos en la prensa como “los abogados de la inmigración”, grandes empresarios, y think tanks conservadores. Durante dos años, esta alianza defendió una estrategia en la que canjeaban la legalización de inmigrantes indocumentados por el incremento del reforzamiento de la inmigración y de los programas de trabajadores temporales. Inicialmente, el Foro Nacional de Inmigración y la Coalición por una Reforma Migratoria Completa fueron parte clave en esta estrategia. Detrás de ellos estaba la Coalición por la Migración Esencial de Trabajadores (EWIC; pos sus siglas en inglés), las cuales conjuntamente agrupan a 40 de las asociaciones comerciales y manufactureras más grandes del país, bajo la égida de la Cámara de comercio de Estados Unidos. El líder de EWIC, John Gay, que también encabeza la Asociación Nacional de Restaurantes, preside el consejo del Foro Nacional de Inmigración (NIF, por siglas en inglés).

Todos estos grupos de Washington apoyaron todos los proyectos de ley-compromiso que dieron cuerpo al intercambio legalización/ejecución/trabajadores huéspedes, empezando con la propuesta de ley original Kennedy/McCain de 2005. El mismo argumento fue utilizado para justificar a todos esos grupos: “No es posible obtener la legalización, sin incluir la ejecución y los programas de trabajadores huéspedes”. Mientras que los grupos ocasionalmente estaban en desacuerdo con estipulaciones personales en las propuestas que siguieron, no sólo estuvieron de acuerdo con la estructura y arquitectura básica de los proyectos de ley, sino que se convirtieron en fervientes defensores en las reuniones que se hicieron a lo largo del país.

Tan pronto como las propuestas se movieron a través de negociaciones con la administración y con los congresistas republicanos, los esquemas de legalización se hicieron más restrictivos, las condiciones de reforzamiento más feroces y los esquemas de contratos laborales más extensivos. Aún cuando el recientemente rechazado compromiso del Senado fue recibido como “un buen punto de partida”. Todavía al final, los grupos de Washington hicieron un llamado a las comunidades de inmigrantes para que derrotaran las “malas” enmiendas al proyecto de ley, mientras que continuaban presionando a los senadores para que apoyaran la reforma migratoria completa, al menos el entramado.

Mientras que el Congreso está estudiando estas propuestas, la administración Bush se ha embarcado en una serie de redadas inmigratorias y de despidos, hechos altamente publicitados, para presionar a las comunidades de inmigrantes y a los sindicatos a que acepten su programa de reforma. Las propuestas de ley, en sí mismas, hacen un llamado para dar mayor autoridad a la Agencia de Inmigración y a parte del Departamento de Seguridad Nacional para llevar a cabo esas redadas. El gobierno, en cambio, ha propuesto que los empleadores despidan a todo trabajador cuyo número de Seguro Social no concuerde con la base de datos de la Agencia. Aunque de hecho Bush nunca ha emitido una regulación al respecto, y evidentemente el proyecto de ley no ha pasado, ICE y los empleadores han empezado a utilizarlo como la base de las acciones de reforzamiento.

Trabajadores de “Woodfin Suites” en Emeryville, California, fueron despedidos después de que intentaron reforzar el nivel de salarios de la ciudad. En el criadero de puercos “Smithfield” en Tar Heel, Carolina del Norte, cientos fueron despedidos, y muchos deportados, durante la más grande protesta sindical de los últimos años. Redadas y despidos similares han barrido el país, y a menudo algunos grupos cabilderos han expresado su alarma sobre estos acontecimientos, pero no han retirado su apoyo a los proyectos de ley que extenderían esas acciones.

Después de haber coordinado redadas en empacadoras de carne en noviembre, en las cuales miles de trabajadores fueron deportados, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Michael Chertoff, dijo a los reporteros que este tipo de acciones le enseñaría al Congreso la necesidad de “reforzar la seguridad de la frontera, hacer más efectiva la seguridad interna y la creación de un programa de trabajadores temporales”. Bush quiere, como dijo, “un programa que permitiría a los negocios que requieran trabajadores extranjeros, porque de otra manera no podrían satisfacer sus necesidades laborales, el poder obtener esos trabajadores en un programa regulado”. Después de unas semanas de la declaración de Chertoff, el Centro del Sur de la Ley de la Pobreza (SPLC, por sus siglas en inglés) emitió un estudio, Cerca de la Esclavitud, que mostraba una documentación exhaustiva que probaba que los actuales programas de trabajadores temporales, como los propuestos por el gobierno, violaban sistemáticamente los derechos de los trabajadores. El abuso en los programas H-2 eran tan extensivo, y la protección gubernamental al trabajo existente completamente ausente, que el SPLC los llamó “fundamentalmente defectuosos”.

El SPLC y otros dieron tan mala reputación a los programas de trabajadores huéspedes, que a los grupos de Washington les costó mucho disasociarse del término. Los proyectos de ley que apoyaban “romperían el molde”, afirmaban, con la creación de programas de trabajo que no explotarían a los trabajadores. Inventaron nuevos términos: plan de “trabajador esencial” o “trabajador nuevo”. Detrás de la bruma semántica, sin embargo, los proyectos de ley preservaban las dos características cruciales de todo esquema de empleo de trabajadores huéspedes: los nuevos migrantes sólo podrían venir si eran reclutados por un patrón o por un contratista, y para poder permanecer en el país tendrían que seguir empleados. Los migrantes que perdieran su empleo y no pudieran encontrar otro en poco tiempo serían deportados.

Para justificar los programas de trabajo por contrato, la coalición del Distrito de Columbia ha aseverado constantemente que las corporaciones estadounidenses enfrentan una terrible escasez de trabajo. El Buró de Estadísticas Laborales, sin embargo, calculó en 4.5 la tasa de desempleo en mayo de 2007, y afirmó que en 2006 7 millones de trabajadores estaban desempleados. Muchos sindicatos creen que esto es un serio problema de subestimación. El desempleo en las comunidades afroamericana y chicana es mucho más elevado, sobrepasa los dos dígitos aun durante los períodos de prosperidad económica.

Así, y en lugar de elevar los salarios y beneficios para atraer trabajadores, o de pagar más impuestos para mejorar la educación y capacitación en las comunidades de clases trabajadoras, los empleadores han sostenido que sólo un gran programa de trabajadores huéspedes satisfacería sus necesidades laborales.

En una reunión conjunta para politico.com, Thomas Donahue, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Andy Stern, Presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, manifestaron que “necesitamos una legislación que cree un programa de trabajadores esenciales que sea cuidadosamente monitoreado” y lo llamaron “un sistema que proveería a los negocios estadounidenses de los trabajadores que necesitaran”.

Mientras tanto, las propuestas de legalización en los mismos proyectos de ley de intercambio fueron presentadas como el último pago para las comunidades de migrantes. Aún así muchos de los programas de legalización amenazan con descalificar el delito de los migrantes de fraude de documentos. ICE ahora manifiesta que esto incluye a cualquiera que haya dado un número de seguro social falso para obtener un trabajo, algo que la mayoría de los trabajadores indocumentados han hecho. Otras propuestas habrían impuesto ciertos requisitos para ser empleados, aplicando un aumento de las multas, difíciles de pagar para la mayoría de las familias trabajadoras, y requiriendo de las personas que tomen un tiempo indeterminado sin trabajo para regresar a sus países con el fin de que soliciten la readmisión, sin ninguna garantía de que puedan pasar la multitud de revisiones burocráticas. La gran parte de las propuestas tendrían esperando a gente al menos una década antes de que puedan obtener la tarjeta verde que los identifique como residentes permanentes legales (no la ciudadanía). Los programas de legalización ni siquiera tendrían el efecto deseado hasta que Estados Unidos obtuvieran un “control operativo” de la frontera, dejando por años la puerta abierta para el aumento de las imposiciones con ningún cambio en la situación de los indocumentados.

Muchas de las organizaciones fuera de Washington no apoyan este acercamiento a la reforma migratoria. En vez de eso, hacen un llamado para estructurara una agenda positiva que se enfoque en los derechos humanos y laborales, en la situación legal y en la equidad. Propusieron reformas que no criminaliza la migración, el trabajo o la misma frontera, al contrario, se pronuncian por reformas que protegen a las familias y a las comunidades. La Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, destacó que “trabajamos por un ‘punto de partida’ diferente de la reforma migratoria, que proteja los derechos de todas las familias de inmigrantes, de los trabajadores y sus comunidades”.

La estrategia de cabildeo empezó preguntándose que podrían aceptar los patrones y la administración Republicana. Grupos como la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), sin embargo, propusieron construir un movimiento popular para cambiar el terreno político en Washington, como el movimiento por los derechos civiles de la década de los sesenta. Respondiendo a los cabilderos, que llamaron al proyecto de ley del Senado la única oportunidad de reformar la ley inmigratoria por años, NDLON dijo: “sabemos que la lucha por la reforma inmigratoria y la justicia requiere de un vistazo profundo a la historia, y no nos apresuraremos en aceptar un compromiso insuficiente por la simple razón de una conveniencia política. Se lo debemos, a esta y a futuras generaciones, el aceptar una ley de la que todos podamos sentirnos orgullosos”.

John Sweeney, Presidente de la AFL-CIO, agregó: “La única forma de garantizar los derechos y salarios de todos los trabajadores de este país es darle a cada inmigrante la oportunidad de convertirse en ciudadano, con todos los derechos y obligaciones que ello implica. Al mismo tiempo, el Congreso debe revisar nuestro sistema migratorio para que frente a la escasez de trabajo, futuros trabajadores extranjeros puedan ingresar al país no como unidades de producción prescindibles, sino como residentes permanentes con los mismos derechos y protección que cualquier trabajador estadounidense”.

Diferencias básicas han dividido los movimientos por los derechos laborales de los inmigrantes, no sólo con respecto a las tácticas y la estrategia, sino también en relación con las metas a alcanzar. ¿Deberían los grupos por los derechos de los inmigrantes y los sindicatos apoyar el incremento de la coacción? ¿Deberían permitirles a los patrones reclutar cientos de miles de trabajadores al año, con visas que condicionan su derecho de permanecer en Estados Unidos a continuar empleado? ¿Deberían los programas de trabajo temporales o por contrato ser la condición bajo la cual se les permita a los indocumentados permanecer en el país?

Esta división entre las organizaciones apoyadas por Washington y las coaliciones populares han existido por más de una década. En 1996, muchas coaliciones comunitarias de todo el país se retiraron del Foro Nacional de Inmigración cuando éste insistió en que no era posible salvaguardar los derechos de los inmigrantes indocumentados en el marco del proyecto de ley sobre inmigración de Clinton. La estrategia poyada por el Distrito de Columbia, tácitamente ha hecho un llamado para salvar los derechos de los inmigrantes legales diciéndole al Congreso que mientras que el país necesite hacer algo sobre la inmigración ilegal, los residentes legales no deben ser castigados en la misma ley. La estrategia fracasó, y de acuerdo con los Filipinos por la Acción Afirmativa, “la Reforma de la Inmigración Ilegal y la Ley de Responsabilidad del Inmigrante socavan los derechos básicos de todos los inmigrantes, niegan su derecho a establecer un proceso de ley, y expande las causas de detención y deportación”. El punto de partida de una reforma migratoria debería de ser un acuerdo en el que “todos los inmigrantes tuvieran el derecho a ser tratados equitativamente, con un empleo legal en el que se respetaran sus derechos humanos y civiles.

Los desacuerdos en la actualidad son parecidos. En algunos casos el desacuerdo está en la estrategia y en las tácticas, pero también se mueve un asunto más profundo: ¿Debería la política migratoria estadounidense convertirse en un sistema de suministro de trabajadores para las corporaciones, o debería apoyar a las familias y comunidades? En la prensa oficial, esta pregunta tiene poca cobertura debido a que la estructura propuesta por el Congreso así lo había estipulado en la agenda de los medios de difusión. El enojo que provocó la exclusión del debate, hizo que la Asociación Política México-Americana declarara que: “Estamos totalmente en contra de las declaraciones improvisadas, debido a compromisos individuales, hechas por comentaristas latinos de televisión o por las organizaciones que los defienden - NADA ES PEOR [que el fracaso que significaría el aprobar el proyecto de ley inmigratoria]. De hecho, NADA SERÍA PEOR [que la legislación propuesta por el Senado] si hablamos de los millones de individuos y familias que serán perpetuamente criminalizados”.

Partir de un esfuerzo por derrotar una legislación antimigratoria hacia una agenda que pueda ganar más reformas progresivas requiere de un debate abierto sobre esos desacuerdos. Desde que grupos empleadores como el de Silicon Valley han iniciado acciones para regresar el proyecto de ley del Senado, la discusión es más urgente que nunca.

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