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NO SE PUEDEN SEPARAR EL COMERCIO Y LA MIGRACIÓN

Por David Bacon
Traducido por Edaly Quiroz, Dirección de Patrimonio Mundial, INAH

El comercio estadounidense y las políticas inmigratorias nunca han estado tan conectados como lo están ahora. El Congreso está estudiando cuatro nuevos acuerdos comerciales, el presidente Bush está exigiendo la renovación de la autoridad fast track para negociar más tratados de ese tipo. Todos esos acuerdos desplazaran a miles de obreros y agricultores, la mayoría de los cuales se unirán al flujo de mano de obra inmigrante que cruza las fronteras, y que ya suma los 200 millones de personas alrededor del mundo.

Al mismo tiempo, las nuevas propuestas migratorias del Congreso buscan, más abiertamente que nunca, canalizar el trabajo inmigrante haciéndolo disponible para las corporaciones más grandes del mundo al precio que ellas quieren pagar. Bienvenidos al nuevo orden mundial.

Los patrones estadounidenses siempre han deseado que la política migratoria nacional les suministre trabajadores cuando los necesiten, y que se deshaga de ellos cuando la necesidad termine. Como es lógico, esta política produce resultados brutales. En la década de los treinta del siglo pasado, decenas de miles de mexicanos fueron deportados por medio de redadas que se hicieron a lo largo del país, cuando el desempleo aumentó y la turbulencia social era una amenaza latente. Casi una década después, el gobierno de los Estados Unidos negoció el regreso de esas mismas personas pero como braceros, o trabajadores temporales.

Los agricultores (y, por dos años, las compañías ferrocarrileras) no quisieron aumentar los salarios para llevar trabajadores de la ciudad a laborar en los campos o en las vías. En vez de eso, los braceros eran reclutados en México, hospedados en cuarteles, y enviados de un trabajo a otro. Se les pagaba el mínimo, a menudo engañados en eso, y deportados si hacían una huelga. Los braceros estaban aislados y eran confrontados con las comunidades que los rodeaban.

El rechazar el Acuerdo Bracero en 1964, fue uno de los grandes logros de la era de los derechos civiles. Un año después, César Chávez, Ernesto Galarza, Bert Corona y otros líderes chicanos convencieron al Congreso de aprobar una nueva ley que daba preferencia a las familias. En lugar de traerlos a través de un contrato de trabajo, la ley se centró en enraizar a los migrantes en las comunidades locales. Fomentó la equidad, otorgándole a las personas visas de residencia permanente, que no les podrían quitar aún cuando perdieran su trabajo o no pudieran laborar. Muchos en el Congreso quieren revertir esa política.

Sin embargo, mucho ha cambiado desde la década de los sesenta. Hoy, el Congreso también ha utilizado la política comercial para crear un flujo regulado de mano de obra vulnerable –una posibilidad que los activistas pro derechos civiles ni siquiera imaginaron. Una vez que la Guerra Fría terminó, las economías de los países que enviaban migrantes a los Estados Unidos, como México, Guatemala y las Filipinas, fueron abiertas a la inversión extranjera. Las reformas económicas diseñadas en Wall Street y en la Universidad de Chicago, impuestas por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, requirieron de los países en desarrollo la creación de un clima favorable para las grandes corporaciones.

Los acuerdos comerciales actuales, como los Acuerdos de Libre Comercio de América del Norte y el de América Central (TLCAN y TLCAC) han reforzado estos lineamientos. Estos acuerdos incluyen el término de los subsidios a productos agrícolas. El TLCAN forzó a los agricultores mexicanos a cultivar maíz sin subsidios y así competir por el mercado interno de México con los grandes productores estadounidenses, quienes sí están subsidiados por la ley de agricultura. Las exportaciones de productos agrícolas estadounidenses se duplicaron durante los años del TLCAN, pasando de $4.6 mmdd a $9.8 mmdd –el año pasado, sólo el maíz produjo $2.5 mmdd, el principal cultivo de las familias agrícolas mexicanas.

A los obreros no les fue mejor. Después del TLCAN, las plantas de ensamblado mexicanas de Ford y Chrysler dejaron de tener que comprar autopartes de las fábricas mexicanas. En su lugar, compraban esas partes a sus propios subsidiarios, por lo que miles de mexicanos perdieron sus empleos. Las minas mexicanas fueron privatizadas, sus sindicatos arruinados, y los trabajadores eran despedidos cuando protestaban.

Agricultores de maíz, trabajadores de la industria automotriz y mineros, tuvieron que salir a buscar el sustento para sus familias, uniéndose a otros millones. Para muchos trabajadores, la búsqueda terminó en Los Ángeles ó Chicago trabajando por un salario bajo. Para otros, la búsqueda terminó en un trabajo aún peor pagado en una maquiladora –fábrica que se localiza en la frontera, de dueños extranjeros, que hace productos para los consumidores estadounidenses.

En 1986 la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) estableció una comisión para el estudio de las causas de este flujo de personas desplazadas. En 1990, la comisión concluyó que las personas eran desplazadas por la pobreza. La comisión recomendó que México tenía que abrir su economía a la inversión extranjera y negociar un acuerdo de libre comercio con la inversión extranjera estadounidense. Estas acciones, predijeron, produciría empleos, aumentaría el ingreso y disminuiría la migración. Las negociaciones del TLCAN iniciaron durante el siguiente mes.

Al mismo tiempo, la IRCA criminalizó el trabajo de los migrantes indocumentados. Veteranos como Corona y una nueva generación de activistas trataron de detener la aprobación de la ley. Argumentaron que los patrones utilizarían la ley como pretexto para despedir a los trabajadores que no tuvieran papeles y que organizaran sindicatos o que protestaran por los bajos salarios o por las malas condiciones laborales. Tenían razón. Durante las siguientes dos décadas, miles fueron cesados. A pesar de los valientes, y a menudo exitosos, esfuerzos organizativos, el precio del trabajo inmigrante cayó.

Mientras tanto, las primeras predicciones “rosas” sobre el TLCAN demostraban ser falsas. Entre el 2000 y el 2005, en los estados de provincia de México se perdieron 900,000 empleos y 700,000 en las ciudades. Después de la implementación del Tratado, seis millones de mexicanos vinieron a vivir a los Estados Unidos. Otro millón está trabajando en las maquiladoras. Los salarios mexicanos, ajustados por la inflación, se desplomaron.

Los que estaban a favor del libre comercio no demandaron un cambio para llegar a esa meta. De hecho, insistieron en más de lo mismo. EL TLCAC llevó el libre comercio a Centroamérica; nuevos acuerdos fueron firmados con Chile y Jordania, y negociados con Colombia, Perú, Panamá y Corea del Sur.

Estos acuerdos no detienen los flujos migratorios. De hecho, los producen. Entonces, las leyes migratorias los regulan. Los empleadores necesitan tener acceso a gente desplazada, y con ello conjurar eternamente alguna futura escasez de mano de obra. Pero ellos no querían dejarlo a la casualidad, mucho menos a los propios trabajadores, el decidir dónde se necesitaba el trabajo o cuánto se tendría que pagar por su realización. Durante los últimos dos años, los intentos por manejar el flujo laboral fueron las que dieron forma a la mayoría de las propuestas migratorias –los proyectos de ley Kennedy/McCain y Hegel/Martínez, el compromiso del Senado del año pasado, el Gutiérrez/Flake, la ley de LUCHA, y ahora el recientemente derrotado proyecto de ley del Senado. Los detalles varían, pero la estructura básica permanece igual.

Los proyectos de ley establecieron programas para contratar trabajadores, permitiendo a los empleadores reclutar migrantes, quienes tenían que permanecer empleados o abandonar el país. Entonces, las propuestas buscaban reducir la migración espontánea. Exigieron el reforzamiento de la seguridad en la frontera, que ya causa cientos de muertes cada año, y requirieron despidos masivos mientras buscaban sacar fuera de su lugar de trabajo a aquellos que no tuvieran papeles.

Colgaron la zanahoria antes de la legalización de los migrantes. Pero a diferencia de la IRCA, que en 1986 les otorgó las tarjetas verdes, las propuestas actuales harían que los indocumentados pasaran más de una década como trabajadores contratados. La propuesta final debería contener un virtual término de la migración familiar, remplazándola con un esquema migratorio que se base en el empleo, aprovechando a aquellos que tengan las habilidades que las empresas consideren valiosas.

Para algunos miembros del Congreso y cabilderos de Washington, esto se extralimitó. Hicieron un llamado para salvaguardar las antiguas preferencias familiares, dejando otros cambios de lado. Los lazos comunitarios y familiares, en un sistema migratorio, no desempeñan ninguna función que regule el flujo de personas desplazadas creado por el libre comercio, poniéndolos a disposición de las corporaciones.

El Congreso sigue teniendo opciones. Puede votar por los acuerdos comerciales corporativos. Puede regresar a las propuestas migratorias que tratan a los inmigrantes sólo como una reserva de mano de obra barata. O puede proponer una alternativa. Darle a los indocumentados visas de residencia. Ponerle fin a los pendientes y hacer más accesibles las tarjetas verdes. Eliminar las redadas y concentrarse en el reforzamiento de los derechos de los trabajadores y en las reglas de trabajo. Establecer programas de empleo en comunidades en donde sus niveles sean muy bajos, para reducir la competencia de salarios y empleos. Desechar el TLCAN y proteger a los productores mexicanos, en lugar de promover la venta de grandes cantidades y a precios inferiores del maíz estadounidense en el mercado mexicano. Cancelar la deuda de México. Otorgarles préstamos baratos a los agricultores. Dejar de presionar a México para que debilite los sindicatos y baje los salarios con el fin de atraer a los inversionistas estadounidenses.

Juan Manuel Sandoval, quien encabeza la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, afirma: “La migración debería ser una opción, no algo forzado para las familias, como resultado de la desesperación económica”. Las personas que vienen a los Estados Unidos deberían ser miembros en igualdad de condiciones en las comunidades en donde viven, no trabajadores por contrato que tienen constante miedo de ser despedidos y deportados.

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