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LA ECONOMIA POLITICA DE LA MIGRACION
Por David Bacon
Traducido por Bertha Rodríguez Santos

En el destierro, 180 millones de inmigrantes a causa de la globalización económica - la relación entre grandes corporaciones de EU, las políticas antinmigrantes y el creciente éxodo migratorio del sur

Publicado originalmente en inglés en New Labor Forum, Junio de 2007.

Este artículo es un adelanto del argumento que será publicado en el libro “Gente Ilegal- La manera en que la Globalización Crea la Migración y Criminaliza a los Inmigrantes”, Beacon Press, Otoño de 2008.

El Negocio de la Familia del Sr. Sensenbrenner

En diciembre de 2005, el Congresista por Wisconsin James Sensenbrenner convenció a sus colegas republicanos (y para su vergüenza, a 35 demócratas) de aprobar una de las propuestas migratorias más represivas en los últimos cien años. Su iniciativa de ley, la HR 4437, hubiera convertido en delincuentes federales a 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, criminalizado a profesores, enfermeras o sacerdotes que los ayudaran, y construido 700 millas de barda en la frontera entre Estados Unidos y México para impedir que la gente siga cruzando.

No obstante, el representante republicano Sensenbrenner es más que un líder de xenófobos en el Congreso. Su familia está íntimamente involucrada en la creación de las condiciones que causan la migración y luego lucra con la mano de obra que ésta genera. De hecho, las conexiones de la familia Sensenbrenner son un microcosmos de la economía política de la migración en sí misma.

El abuelo de James Sensenbrenner comenzó la empresa Kimberly Clark, una de las más grandes compañías de papel en todo el mundo, y de la que actualmente Sensenbrenner y el consorcio familiar, aún son accionistas a un nivel importante. La contraparte mexicana de la compañía, Kimberly Clark de México, es socia cercana del gigante minero Grupo México. Uno de los anteriores ejecutivos de Kimberly Clark, J. Eduardo González, es parte de la mesa directiva de esta corporación. El Grupo México fue una de las empresas más beneficiadas por las reformas económicas neoliberales que transformaron la economía mexicana en los últimos 20 años. En la década de 1990, la corporación se convirtió en propietaria de dos de las más grandes minas de cobre del mundo en Cananea y Nacozari, las cuales anteriormente eran empresas propiedad del Estado. Las minas se encuentran a unas pocas millas al sur de la frontera con Arizona.

En 1998, el Grupo México provocó una huelga de mineros en Cananea, debido a la reducción de mano de obra y al recorte de salarios. Cerca de mil mineros perdieron su trabajo. Muchos fueron boletinados o señalados en la lista negra, y emigraron “al otro lado”. Luego, el año pasado el gigante minero presionó al gobierno mexicano para deponer al presidente del sindicato nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia. El dirigente sindical había acusado a la compañía de “homicidio” industrial después del terrible desastre de Pasta de Conchos, donde 68 trabajadores murieron en una explosión en una mina de carbón. A Grupo México tampoco le gustó su campaña para aumentar los salarios mínimos más allá de los límites establecidos por el gobierno.

Los mineros en Cananea y Nacozari dejaron de trabajar durante meses para obligar a la reinstalación de Gómez Urrutia. Finalmente, el verano pasado, el gobierno dio al Grupo México, luz verde para despedir a los dos mil 500 mineros de Nacozari. Como no hay otros empleos en los pueblitos mineros de Sonora, las familias de mineros despedidos tuvieron que abandonar el lugar para poder sobrevivir. Con la frontera a solo unas millas al norte, muchos buscaron la sobrevivencia cruzando al otro lado. Las ganancias del Grupo México y sus socios comerciales escalaron mientras destruían a los sindicatos, despedían a miles de trabajadores y obligaban a sus familias a formar parte de la corriente migratoria.

En esos meses precisos en que los trabajadores comenzaron a emigrar hacia el norte, Sensenbrenner organizó una serie de audiencias extraordinarias en el Congreso para defender su propuesta de ley. El congresista atacó fulminantemente a los inmigrantes indocumentados alegando que no tenían cabida en Estados Unidos y que deberían irse. Sin embargo, nadie preguntó al congresista sobre los mineros de Cananea y Nacozari. ¿A dónde pensó Sensenbrenner que irían? Otras voces en el Congreso criticaron al representante, argumentando que el trabajo de los migrantes era necesario para la economía estadunidense. Ni siquiera Sensenbrenner podría negar esto. Cerca de 16 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos con documentos y alrededor de 12 millones carecen de ellos. Si los inmigrantes regresaran a sus países, industrias completas se colapsarían. Algunas de las corporaciones más grandes del país completamente dependientes del trabajo de los inmigrantes se irían a la bancarrota. Una de esas corporaciones dependientes, es el negocio de la familia del Señor Sensenbrenner.

Cada año, Kimberley Clark, una enorme compañía papelera, convierte toneladas de pulpa de madera en papel sanitario de conocidas marcas. En las profundidades de los bosques de Estados Unidos miles de trabajadores inmigrantes siembran y cuidan los árboles que producen dicha pulpa.

Cada año, trabajadores de México, Centroamérica y el Caribe son reclutados para hacer este trabajo.

En pueblos como La Democracia, Guatemala, donde la caída global en los precios del café ha llevado a familias al borde del hambre, los reclutadores prometen empleos pagándoles más en una hora de lo que un cafeticultor puede ganar en un día. Les ofrecen arreglar visas para venir a Estados Unidos como trabajadores huésped. Por sus servicios, les cobran miles de dólares. Las familias necesitadas hipotecan sus casas y su tierra con tal de poner a una persona en el avión hacia el norte.

En Estados Unidos, los reclutadores (o enganchadores) entregan los trabajadores a los contratistas. Ellos a su vez, trabajan para las compañías que administran las tierras y propiedades, y que son quienes cuidan los bosques a los propietarios. Los dueños de las tierras siembran y producen los árboles para venderlos a las compañías de papel.

Las deudas de los trabajadores huésped son tan abrumadoras que en 1998, 14 hombres se ahogaron mientras la camioneta que los trasladaba a su trabajo se volcó en un puente del Río Alagash, en los bosques de Maine. Iban a una alta velocidad porque el día anterior había llovido y no habían podido trabajar. Al llevar la pesada carga de la deuda, hasta un día sin trabajar pone a la familia en riesgo.

A nadie le pagan las horas extras trabajadas, sin importar la ley. Las compañías les cobran por todo, desde las herramientas de trabajo, la comida y el hospedaje. A los trabajadores huésped frecuentemente, les transan la mayoría de su pago. Si protestan, son incluidos en la lista negra y al próximo año ya no son contratados. El protestar no cambiaría las condiciones, de todas maneras. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos no ve ningún problema con estos abusos. Casi nunca quita el certificado a un contratista de trabajadores huésped, no importa cuántas quejas haya presentadas en su contra.

La industria del papel depende del sistema. Hace 20 años dejó de contratar trabajadores desempleados a nivel local y en su lugar, comenzó a reclutar trabajadores huésped. Como resultado, los costos de la mano de obra en los bosques han permanecido fijos mientras que las ganancias por la venta de papel se han incrementado.

El negocio de la familia Sensenbrenner no inventó esto, pero los bajos precios por la mano de obra permiten a los dueños de las plantaciones vender sus árboles por menos dinero. Desde luego que Kimberly Clark obtiene ganancias por esto.

Los desplazados, un Ejército Internacional de Reserva de Trabajadores

En América Latina, el sistema neoliberal desplaza a los trabajadores, desde los mineros hasta los cortadores de café, quienes se suman a una enorme avalancha que se mueve hacia el norte. Cuando llegan a Estados Unidos, los trabajadores desplazados se convierten en una parte indispensable de la fuerza de trabajo, ya sea que se trate de indocumentados o que se desempeñen con visas de trabajo, en condiciones de virtual servidumbre.

El debate migratorio estadunidense necesita un vocabulario que describa lo que sucede a estos trabajadores antes de cruzar las fronteras – los factores que los obligan a moverse-. En este debate político, trabajadores como los mineros o los sembradores de pinos, son llamados buscadores de empleo en lugar de refugiados políticos. Sería más preciso llamarlos migrantes y al proceso, migración.

El minero despedido en Cananea o Nacozari es tanto una víctima de la negación a los derechos humanos y laborales, como una persona en necesidad de encontrar un trabajo en Estados Unidos para sobrevivir.

Este año, profesores y campesinos de Oaxaca, en el sur de México, salieron en busca de un futuro económico viable, después de ser golpeados en las calles por protestar en contra de las condiciones que impiden que su gobierno estatal les proporcione eso.

La pobreza en Oaxaca es peor que casi cualquier lugar en México y el año pasado, los profesores declararon una huelga que hizo que la capital explotara en una virtual insurrección. Una elite política intransigente que se beneficia del orden existente no solamente se rehusó a considerar cualquier cambio sino que trató de detener la crítica con ataques de la policía, arrestos e incluso asesinatos. Los oaxaqueños que huyen de su estado, ¿Son buscadores de empleo o refugiados? Son ambos, por supuesto, pero en Estados Unidos y otros países ricos, los derechos económicos no son considerados derechos humanos. En esta visión oficial, el hambre no crea refugiados políticos. En efecto, el proceso en general que empuja a las personas hacia el norte se encuentra fuera de los parámetros del debate político.

El aspecto clave de ese proceso es el desplazamiento, una palabra omitida en el discurso de Washington. Ninguna de las propuestas migratorias sometidas al Congreso el año pasado trató de ser relacionada con esas políticas que causaron el destierro de los mineros, maestros, plantadores de árboles y jornaleros, a pesar del hecho de que los miembros del Congreso en muchos casos votaron por ellas. Lo reconozcan o no, el desplazamiento ha sido indispensable para el crecimiento del capitalismo. Desde inicios de 1700 en Inglaterra, las leyes de cercamiento desplazaron tejedores domésticos al acorralar las tierras comunales donde criaban ovejas para producir lana. Después, el hambre llevó a los tejedores a las fábricas textiles más cercanas donde se convirtieron en unos de los primeros trabajadores asalariados del mundo. Las fábricas textiles produjeron la riqueza de los primeros capitalistas británicos. Al mismo tiempo, el desplazamiento creó los inicios de la clase trabajadora británica.

Poco tiempo después, Carlos Marx llamó a Africa “una conejera para la caza de piel negra”, al describir el sangriento desplazamiento de comunidades provocado por los comerciantes de esclavos.

Los campesinos africanos arrancados de su tierra después eran transportados a Las Américas, donde se convirtieron en una fuerza de trabajo esclava en las plantaciones, desde Colombia y Brasil, hasta el sur de Estados Unidos. Su trabajo creó la riqueza que hizo posible el crecimiento del capitalismo en Estados Unidos y una gran parte de Latinoamérica y el Caribe.

El desplazamiento y esclavitud produjeron más que riqueza. Como los propietarios de los esclavos buscaron diferenciar a los esclavos de las personas libres, crearon las primeras categorías raciales. La sociedad fue dividida en aquellos con mayores y menores derechos, usando el color de la piel y el origen como un factor determinante. Cuando el señor Sensenbrenner llamó a los modernos migrantes “ilegales”, usó una categoría heredada y desarrollada desde la esclavitud.

Hoy, la desigualdad y el desplazamiento están arraigados profundamente en el capitalismo actual como lo estuvieron durante el comercio de esclavos y las leyes de cercamiento en la Inglaterra de 1700, cuando el sistema capitalista nació.

En la economía global, las personas son desplazadas porque las economías de sus países de origen son transformadas. Esa transformación permite a las corporaciones y elites transferir valor o riqueza fuera de esos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, las que fueran colonias de Estados Unidos, Europa y Japón buscaron detener dicha exportación de riqueza. En países como Irak, México y las Filipinas, ellos abrazaron planes de desarrollo económico nacional, los cuales alentaron a las industrias y empresas a producir para su propia gente. Al crear trabajos e ingresos estables ayudó a construir un mercado nacional donde los obreros y los campesinos pudieran comprar lo que era producido. Inversionistas extranjeros se mantenían alejados e importantes industrias como el petróleo fueron nacionalizadas.

Formas en que los Tratados de Libre Comercio han empujado a millones a dejar su tierra en México y AL

Las reformas económicas que siguieron al fin de la guerra fría, impuestas por países ricos e instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, destruyeron esos sistemas de desarrollo nacional. Fue un proceso brutal y caótico para las personas que se encuentran hasta abajo de la balanza de ingresos pero para quienes se encuentran arriba, resultó inmensamente rentable. México produjo más multimillonarios durante la década de 1990 que Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo, el gobierno documentó cifras oficiales de pobreza de un 40 por ciento y de una extrema pobreza de un 25 por ciento.

Las minas mexicanas como la de Cananea y Nacozari, junto con las fábricas, vías de ferrocarril y otras empresas industriales fueron vendidas a inversionistas privados. Los nuevos propietarios aumentaron sus ganancias combatiendo a los sindicatos y despidiendo a miles de trabajadores.

La industria petrolera, nacionalizada con las contribuciones de niños estudiantes en la década de 1930, ya no produce dinero para préstamos a pequeños agricultores o empresas. En lugar de eso, en 1994, al entrar en efecto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente estadunidense Bill Clinton, exigió que México usara los ingresos por exportaciones de petróleo para pagar a los bancos estadunidenses que cubrieron la fianza de los empresarios estadunidenses que invirtieron en valores del Estado mexicano.

Las reglas del NAFTA obligaron al gobierno mexicano a disolver las tiendas Conasupo. Esta empresa paraestatal compraba maíz a los pequeños agricultores a precios subsidiados para que pudieran continuar sembrando y permanecer en la tierra. Luego, las tiendas vendían a precios subsidiados, tortillas hechas de maíz junto con leche y otros productos agrícolas, a los consumidores urbanos pobres.

Las reglas del TLCAN llamaron a esta forma de beneficio social, una barrera al libre mercado. Sin precios de garantía o crédito rural, a cientos de miles de pequeños agricultores les resultó imposible vender maíz u otros productos del campo ni siquiera al costo de producción. Cuando el TLCAN eliminó las barreras aduanales, grandes corporaciones estadunidenses (que reciben subsidios del gobierno de Estados Unidos) lanzaron productos agrícolas al mercado mexicano a bajos precios. Las familias rurales comenzaron a padecer el hambre al no encontrar compradores para sus cosechas.

Una de las compañías, Gruma, monopolizó la producción de tortilla, mientras que Wal-Mart se convirtió en la tienda de supermercado más grande en México. En febrero, el precio de la tortilla se duplicó. Un pequeño grupo de inversionistas en ambos países se enriquecieron aún más. ¿Pero dónde esperaban que se fueran los desplazados por este proceso?

Los desplazados se convirtieron en una indispensable y creciente parte de la fuerza de trabajo en este nuevo orden mundial. No todos cruzaron la frontera. El explosivo crecimiento de zonas de procesamiento de exportación, en donde las fábricas maquiladoras producen para exportación, dependen de mano de obra migrante.

La creación del programa original de maquiladoras, el Programa Industrial Fronterizo, en la frontera Estados Unidos-México, en 1964, fue originalmente concebido como una forma de absorber a miles de braceros desempleados, quienes habían estado trabajando en Estados Unidos durante los 22 años que duró este programa laboral por contrato. En 1964, activistas chicanos como César Chávez, Bert Corona y Ernesto Galarza encabezaron un movimiento que convenció al Congreso estadunidense de revocar la Ley Pública 78 (Public Law 78), la cual estableció el Programa Bracero.

El gobierno mexicano entonces requirió encontrar empleos para esos trabajadores, muchos de los cuales vivían en florecientes ciudades al sur de la frontera. Para ofertar esos empleos, las autoridades mexicanas cambiaron leyes que prohibían la apropiación directa de fábricas en México por parte de inversionistas de Estados Unidos, permitiéndoles construir plantas aprovechando los bajos salarios mexicanos, produciendo bienes para el mercado estadunidense. En 40 años, este modelo creció para incluir a más de tres mil fábricas, empleando a dos millones de personas. Ciudades como Tijuana, Mexicali, Juárez y Matamoros, se expandieron vertiginosamente.

La mano de obra de la maquila fue atraída del sur, perteneciente a los migrantes desplazados por los cambios económicos --privatización, pobreza rural, eliminación de empleos--que permitió la construcción de las mismas maquiladoras. Un nuevo régimen del trabajo fue instalado para atraer inversión extranjera, incluyendo la brutal represión de sindicatos independientes o contra cualquier desafío al modelo de bajos salarios.

Antes de las reformas económicas, la frontera México- Estados Unidos era un área remota con una población muy baja, lejos de la base industrial y fuerza de trabajo de México. Sin la simultánea dislocación de obreros de las fábricas mexicanas y campesinos del interior del sur de México, no hubiera habido mano de obra disponible que hiciera posible el desarrollo de las maquiladoras.

Desde entonces, este modelo de desarrollo ha sido reproducido en países en desarrollo en todo el mundo. A principios de la década de 1990, la Agencia estadunidense para un Desarrollo Internacional no solamente financió la construcción de parques industriales en áreas rurales de El Salvador y Honduras sino que luego hizo un contrato con la firma Price Waterhouse para estudiar las formas de producir trabajadores para las fábricas. Ellos recomendaron la incorporación de mujeres de hasta 14 años de edad, en la fuerza de trabajo maquiladora, agarrándolas de las escuelas y granjas familiares. Para mantener a estas jovencitas en sus máquinas durante sus años más productivos, USAID enseñó a las compañías a distribuir pastillas anticonceptivas para evitar el embarazo.

La atención se ha enfocado en la construcción de fábricas y parques industriales mientras que el desplazamiento que produjo la mano de obra ha sido en mayor medida ocultada. Sin embargo, los trabajadores de la maquila con frecuencia se vuelven migrantes viajando más allá de la zona de procesamiento para exportación más cercana. Cuando las maquiladoras se encuentran cerca de la frontera, el cruce es casi inevitable.

En países desarrollados, la mano de obra migrante es aún más importante. En Estados Unidos, la agricultura industrial siempre ha dependido de ella. La mano de obra agrícola en el suroeste de Estados Unidos fue formada por olas de inmigrantes chinos, japoneses, filipinos, mexicanos y más recientemente, centroamericanos. Un creciente porcentaje de trabajadores del campo son indígenas que hablan otras lenguas distintas del español, un indicativo de que la dislocación económica ha alcanzado las partes más remotas del interior de México.

En la costa este de Estados Unidos, los migrantes también vienen del Caribe sumándose a las grandes cantidades de afroamericanos desplazados de áreas rurales e incluso, de las comunidades urbanas.

En otros países industriales, un creciente porcentaje de la mano de obra rural ahora está compuesto de migrantes. La industria agrícola basada en la mano de obra migrante también se ha expandido a países en desarrollo. Grandes corporaciones como Dole y Del Monte, atraen una fuerza de trabajo proveniente de comunidades rurales desplazadas y empobrecidas como las afrocolombianas (de Colombia), o las oaxaqueñas en México.

Actualmente, los migrantes dominan la mano de obra de la industria del servicio en la mayoría de los países desarrollados. Como buscadores de trabajo más recientes, comienzan en los empleos más marginales y contingentes. Los jornaleros en las esquinas de las calles de California llegan de México y Centroamérica, mientras que en la Gran Bretaña llegan de Rumania y Africa.

La mano de obra no se mantiene al margen de la economía. La industria mundial del petróleo es completamente dependiente de ella. Los reinos petroleros de los estados del Golfo –Kuwait, Qatar, Bahrin y Abu Dhabi- tienen muchos más trabajadores inmigrantes que nativos.

No fue una coincidencia que la Corporación Halliburton trajo migrantes desde Bangladesh y las Filipinas hasta Irak debido al avance de la fuerza invasora estadunidense en 2003, con la intención de usarlas para reemplazar a los trabajadores iraquíes en las plataformas de perforación y ductos de petróleo. Sólo la acción organizada de los trabajadores petroleros de Irak, obligó a Halliburton a replegarse y evitó que la compañía tomara control de su industria.

Una vez que el petróleo es puesto en buques petroleros, otros trabajadores migrantes los guían a su destino final. La fuerza de trabajo marítima en transporte de carga a gran escala actualmente llega de manera aplastante de Filipinas e Indonesia. Los trabajadores migrantes proporcionan el petróleo al mundo y transportan sus mercancías al mercado.

¿Cómo se benefician los empleadores?

Los patrones obtienen grandes ventajas de este sistema, particularmente, los bajos costos de mano de obra y una creciente flexibilidad en la fuerza de trabajo.

Las grandes empresas empacadoras de carne en el medio oeste de Estados Unidos, por ejemplo, contratan una mano de obra en la que los migrantes componen una mayoría. Un constante flujo de migrantes cruza la frontera, encuentra formas de llegar a los pequeños pueblos empacadores y consigue empleo.

En los últimos 20 años, los salarios de la industria empacadora han caído permanentemente por debajo del promedio manufacturero, un gran logro, desde el punto de vista de la compañía. De acuerdo al Buró de Estadísticas del Trabajo, en 1980 los salarios en las plantas de carne eran 1.16 veces el promedio de la industria. Después de 25 años, ahora estos salarios equivalen al .76 veces ese promedio. Los salarios de la industria manufacturera en Estados Unidos ciertamente no han aumentado, de hecho, han caído por debajo de la inflación. Pero los salarios en las empacadoras de carne, en términos relativos, han caído muy rápidamente.

Las compañías dependen de este río de mano de obra –no solo de los trabajadores en las plantas mismas-, sino en las comunidades de las que ellos provienen. Si esas comunidades dejan de producir trabajadores, la oferta de mano de obra se agota.

Buscando mantener bajos salarios, las empresas empacadoras de carne no quieren pagar el costo social por mantener a las comunidades que proporcionan los trabajadores a las plantas. En los pequeños pueblos de México y Guatemala que ahora aportan trabajadores para las plantas, ese costo es muy bajo y está bajando aún más mientas se llevan a cabo las reformas económicas.

Las políticas de libre mercado y libre comercio han eliminado el crédito rural, el sistema Conasupo y los otros subsidios. El presupuesto gubernamental, en Santa Eulalia, Guatemala, por ejemplo, no proporciona ningún sistema de salud para los residentes del pueblo. En las escuelas públicas, los padres y maestros tienen que comprar el papel, lápices, libros y otros materiales. Si una carretera necesita reparación, los residentes no pueden esperar un equipo de reparación por parte del gobierno para arreglarla.

El costo de todos estos servicios ahora está siendo pagado por los mismos trabajadores en la forma de pagos de remesas enviadas desde los trabajos en las plantas carniceras de Nebraska. El ex presidente mexicano Vicente Fox, hizo alarde de que en el 2005, los ciudadanos de su país que trabajan en Estados Unidos enviaron $18 mil millones de dólares. Algunos estiman que en el 2006, la cifra alcanzó $25 mil millones de dólares.

Los verdaderos beneficiarios de este enorme flujo de dinero son las compañías que emplean la mano de obra en las empacadoras de carne de Estados Unidos, que ya de por sí pagan bajos salarios en términos estadunidenses. De eso, los trabajadores no solo pagan su propia subsistencia sino la de sus familiares que se encuentran a miles de millas de distancia. Indirectamente, las compañías pagan un costo mucho más bajo por la producción de una nueva generación de futuros trabajadores de lo que harían si sus familias estuvieran viviendo en Iowa o Nebraska. Ninguna compañía paga directamente por una sola escuela o clínica y ninguna paga impuestos en México o Guatemala para que pudiera proporcionar esos servicios.

Al mismo tiempo, las compañías que dependen de esta corriente migratoria tienen una gran flexibilidad de ajustarse a las altas y bajas en la demanda del mercado. Los empleadores estadunidenses históricamente han tratado la mano de obra inmigrante como una llave de agua muy práctica que fácilmente puede ser abierta o cerrada. En la depresión económica de la década de 1930, los trabajadores mexicanos fueron acorralados y deportados por miles cuando aumentó el índice de desempleo. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos negoció su regreso como braceros, cuando los agricultores necesitaron trabajadores, ya que no quiso aumentar los salarios para atraerlos de las ciudades.

Los programas de trabajadores huésped y visas de trabajo fueron creados para acomodar las necesidades de mano de obra de los patrones. Cuando la demanda es alta, los empleadores reclutan trabajadores. Cuando la demanda cae, esos trabajadores no solo tienen que abandonar sus trabajos sino que tienen que salir completamente del país. Los trabajadores huésped deshabilitados, quienes sufrieron alguna lesión debido al rápido ritmo en la línea de trabajo u otras condiciones, no pueden permanecer en la comunidad cerca de la planta, exigiendo un tratamiento. Tienen que regresar a sus pueblos de origen donde virtualmente no existe atención médica. El patrón no tiene que dar una compensación a quienes son obligados a salir del país.

La regla de este nuevo sistema, el cual el gobierno británico llama “migración controlada”, es que la política migratoria y su aplicación tienen que dirigir a los inmigrantes a las industrias cuando su mano de obra es requerida y sacarlos cuando no sea necesaria. Como lo plantea el presidente George Bush, el gobierno debe “conectar empleadores dispuestos con empleados dispuestos”.

Mientras se amplían los programas de trabajadores huésped, las grandes corporaciones se vuelven aún menos responsables por las condiciones de su fuerza laboral. Los sembradores de pinos no trabajan directamente para las compañías papeleras sino para reclutadores y contratistas de mano de obra. Las corporaciones papeleras controlan los costos de mano de obra indirectamente, a través del precio que pagan por los árboles cosechados o la pulpa de madera. Este ha sido el modelo de empleo en las industrias de la costura y la limpieza, así como la agricultura durante décadas, industrias que dependen completamente de los inmigrantes.

Tal como están establecidas estas condiciones, estas se expanden a otras industrias. En la década de 1970, trabajadores de producción en las plantas electrónicas de Silicon Valley trabajaron directamente para grandes fabricantes. Actualmente, las mujeres que trabajan en la línea de ensamble de impresoras de la compañía Hewlett Packard trabajan para Manpower, una agencia de empleo temporal que tiene una oficina en la misma planta. A veces, ellas hacen el mismo trabajo que hacían cuando trabajaban para HP directamente, pero ahora lo hacen sin atención médica ni otros beneficios. Ahora ganan un salario más bajo y pueden ser despedidas en cualquier momento. La mayoría son mujeres de las Filipinas, México y países de Latinoamérica y del Pacífico Asiático.

Inmigrantes y Desempleo

No es de extrañar que los trabajadores nacidos en Estados Unidos y las comunidades inmigrantes establecidas ven el crecimiento del sistema de empleo con alarma. Este sistema fomenta entre los trabajadores la competencia por los empleos, y la utiliza para ampliar la sección de la fuerza de trabajo con bajos salarios y pocos derechos.

No resulta difícil que las personas vean el impacto del sistema en sus propias vidas, aunque ellos no siempre puedan identificar la causa. Uno de los errores más grandes de los defensores de los inmigrantes en la última década fue argumentar que los inmigrantes no provocan ningún impacto, o solo un impacto positivo en los salarios o los trabajos de las personas en las comunidades de los alrededores, o que los inmigrantes sólo toman los trabajos “abandonados” que otras personas no harán. Esto niega una realidad que los trabajadores fácilmente pueden ver por ellos mismos. Y aún más importante, de esa manera los defensores de los inmigrantes impiden aclarar las causas reales de la migración, el desempleo, los bajos salarios y la competencia laboral y ya no señalan al sistema y las corporaciones responsables.

Los primeros blancos de competencia son otros trabajadores de color. En Los Angeles, a principios de la década de 1980, el sindicato de trabajadores de limpieza fue sacado de los edificios de oficina de la ciudad cuando los contratistas despedían a sus trabajadores sindicalizados, la mayoría de los cuales eran afroamericanos. Los nuevos contratistas de trabajadores de limpieza aparecieron, sin ningún sindicato para contratar la ola de refugiados que inundaron LA debido a la represión y la guerra civil en Centroamérica.

Los contratistas y dueños de edificios pensaron que encontrarían una mano de obra dócil y barata pero calcularon mal. Los trabajadores inmigrantes usaron la educación popular y tradiciones militantes de Centroamérica, haciendo causa común con el departamento de organización a nivel nacional del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU). Juntos construyeron la primera campaña a la que llamaron Justicia para los Trabajadores de Limpieza en Los Angeles. Trabajadores de limpieza salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos llenaron las calles, confrontaron a los dueños de edificios y al Departamento de Policía de LA, y eventualmente, ganaron nuevos acuerdos sindicales. La campaña se convirtió en un modelo para organizar a los trabajadores inmigrantes en todo el país y reconstruir la presencia del SEIU en los servicios de edificios. El líder de SEIU, John Sweeney se convirtió en el presidente de la federación sindical AFL-CIO, utilizando esta campaña como un símbolo de su compromiso con la organización de los trabajadores y la revitalización del movimiento laboral.

Pero la comunidad afroamericana ha enfrentado una barrera de color al mantener el empleo en un nivel muy bajo en los servicios de limpieza en Los Angeles como nunca antes, a pesar del alto índice de desempleo entre la comunidad negra.

En los hoteles de San Francisco, donde ocurrió una transformación demográfica similar, el porcentaje de trabajadores afroamericanos está decayendo mientras crece el empleo de la industria. Los afroamericanos componen ahora menos del 6 % de la fuerza de trabajo de los hoteles de San Francisco, y solo un 6.4 % de la fuerza de trabajo en los hoteles de LA.

En el 2005, el Centro de Estudios del Mercado Laboral de la Universidad Northeastern, encontró que entre el 2000 y el 2004, los trabajos ocupados por inmigrantes aumentaron en 2 millones. Al mismo tiempo, el número de empleados nacidos en el país cayó en 958 mil, y el de los inmigrantes residentes por mucho tiempo, en 352 mil. De acuerdo a los autores del reporte, “el crecimiento neto en la población empleada de la nación, entre 2000 y 2004 ocurre entre los nuevos inmigrantes mientras que el número de trabajadores nacidos en el país y trabajadores inmigrantes establecidos combinaron declinaciones en más de 1.3 millones”.

El desempleo de la comunidad negra a nivel nacional ha crecido a un nivel catastrófico –de un 10.8 % a un 11.8 % en tan sólo el mes de mayo de 2005. Cerca de la mitad (172 mil) de un total de 360 mil personas que perdieron sus empleos en junio de 2005, fueron afroamericanos, a pesar de que sólo representaban el 11 % de la fuerza de trabajo. En la Ciudad de Nueva York, solo un 51.8 % de hombres afroamericanos de 16 a 65, tuvieron trabajos en el 2003, de acuerdo al Buró de Estadísticas del Trabajo. Para lo latinos, fue de un 65.7 5, y de un 75.7 % para los anglosajones.

Muy poco de este aumento en el desempleo para afromericanos es un resultado directo del desplazamiento de los inmigrantes. Es abrumadoramente causado por el declive en la manufactura y los recortes en el empleo público. En la recesión económica de 2001, 300 mil de un total de 2 millones de trabajadores afroamericanos de fábrica, perdieron sus trabajos debido a una relocación y despidos.

Pero los factores demográficos en el centro de trabajo cambiaron durante un periodo de cierres masivos de las plantas, los cuales eliminaron las plazas de cientos de miles de trabajadores afroamericanos y chicanos en industrias sindicalizadas.

A lo largo de las décadas de la postguerra, esos trabajadores rompieron la barrera de color, gastaron sus vidas en fábricas de acero y plantas de ensamble, y arrancaron un estándar de vida que sostuvieron familias y comunidades estables. En las crecientes industrias del servicio y alta tecnología de los 80’s, esos trabajadores desplazados representaron algo odioso. Con frecuencia, los patrones los identificaron con la militancia pro sindical, de acuerdo a la socióloga Patricia Fernández Kelly.

De cara a esta realidad, la unidad requerida actualmente por los trabajadores para reconstruir los sindicatos y la fuerza política de la clase trabajadora, no puede ser lograda dándole vueltas a los discursos. Existen problemas concretos que afectan las relaciones entre los trabajadores inmigrantes y no inmigrantes. Tratar de resolver estos problemas une a la gente.

Los sindicatos luchan por responder

La vieja pregunta que enfrenta el movimiento laboral en Estados Unidos y crecientemente, los de otros países industriales, es la inclusión o la exclusión. En la década pasada, los sindicatos estadunidenses lograron avances reales organizando a los inmigrantes y conectando los asuntos migratorios a los efectos de las políticas de libre comercio y libre mercado. Este fue un cambio significativo del periodo de la Guerra Fría, en el cual los sindicatos respaldaron la política exterior y de comercio de Estados Unidos en otros países. Ignoraron su desastroso impacto hacia los trabajadores de los países en desarrollo, y aún ayudaron a la destrucción de las secciones más militantes de sus movimientos laborales.

Durante la Guerra Fría, los sindicatos se aferraron a una ideología oficial de sociedad con las grandes corporaciones, mantuvieron políticas discriminatorias hacia las mujeres y personas de color y vieron a los inmigrantes como una competencia laboral. En 1986, la AFL-CIO apoyó el Acta de Reforma Migratoria porque contenía sanciones a los empleadores, la cual prohíbe a los patrones contratar trabajadores sin papeles. Si esos trabajadores no pudieron conseguir trabajos, indica el argumento, ellos se irían.

El impacto de la ley fue desastroso, no obstante, especialmente para los sindicatos que estaban tratando de organizar a los nuevos miembros en industrias como los servicios de limpieza y fabricación de ropa. La nueva ley convirtió en un delito federal el que un inmigrante indocumentado tenga un trabajo y los patrones lo usan para despedir a quienes apoyan al sindicato. Eventualmente, cuando organizar a los nuevos trabajadores se volvió una prioridad, la AFL-CIO cambió su posición durante la convención en Los Angeles, en 1999.

Hizo un llamado a rechazar las sanciones a los empleadores, amnistía para todas las personas indocumentadas, inmigración basada en la reunificación familiar y ampliar los derechos de organización de los trabajadores inmigrantes. La federación ya se había opuesto a la ampliación de los programas de trabajador huésped debido a su largo historial de abuso y explotación.

Los sindicatos comenzaron a ver la inclusión como la clave de su sobrevivencia. El respaldo laboral de los derechos de los inmigrantes no era un asunto moral sino uno pragmático. Actualmente, los inmigrantes son la columna vertebral de las campañas organizativas desde la planta procesadora de carne de puerco Smithfield, en Carolina del Norte, y la de los trabajadores de limpieza de Houston, hasta la de los trabajadores de lavandería industrial Cintas. Los sindicatos que están creciendo son mayormente aquellos que comprenden la voluntad de muchos inmigrantes de luchar y unirse. Como resultado, los inmigrantes han ganado una creciente base de liderazgo sindical y ahora pueden hablar sobre cuestiones políticas que van desde la guerra en Irak hasta la reforma migratoria y laboral.

Este no fue un proceso fácil. Con frecuencia, los inmigrantes recientemente organizados se descubrieron como miembros de organizaciones establecidas que buscaban sus cuotas y fuerza numérica pero no necesariamente su participación en el liderazgo. Algunos líderes sindicales todavía ven la inmigración en sí misma como una amenaza. La convención nacional de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos de 2006, invitó a Lou Dobbs como su orador principal cuyas diatribas antinmigrantes compiten con las de James Sensenbrenner.

Por otro lado, dos sindicatos, el SEIU y UNITE-HERE, abandonaron su respaldo a la posición que ganaron en la convención de la AFL-CIO de 1998. En lugar de que junto con las organizaciones pro inmigrantes a nivel nacional como el Concilio Nacional de la Raza y el Foro Nacional de Inmigración, se sumaron a una alianza dominada por los empleadores más grandes del país. El propósito principal de los patrones es convencer al Congreso de establecer nuevos programas de trabajadores temporales. Dos sindicatos de trabajadores agrícolas, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos y el Comité de Organización Laboral en el Campo, firmaron acuerdos sindicales con los contratistas de trabajadores huésped.

La industria empacadora de carne comenzó a cabildear a favor de los trabajadores huésped a finales de la década de 1990, cuando las compañías organizaron un oscuro grupo, la Coalición de Inmigración de Trabajadores Esenciales (EWIC). Actualmente, abarca más de 40 enormes asociaciones patronales, incluyendo Wal-Mart, Marriott, Tyson Foods, así como Constructores y Contratistas Asociados. Ellos reclutaron el Instituto Cato para que produjera recomendaciones a los programas de trabajadores huésped, las cuales el presidente Bush repite casi palabra por palabra.

La derecha dura del Instituto Manhattan proporciona cobertura adicional. El cabildeo corporativo hizo otras incursiones. John Gay, quien encabeza la Asociación Nacional de Restaurantes y EWIC, se convirtió en presidente de la mesa directiva del Foro Nacional de Inmigración, uno de los grupos de cabildeo más grandes de Washington. La lista de patrocinadores corporativos del Concilio Nacional de la Raza incluye Wal-Mart y otras 14 multinacionales. Todos ellos establecen grupos asociados para defender la agenda del EWIC, incluyendo a la Coalición para una Reforma Migratoria Integral y al Movimiento para una Reforma Migratoria Justa.

Mientras los republicanos respaldan fuertemente el programa de trabajador huésped, las propuestas de ley en el Congreso que crean los programas han sido bipartidistas, con una activa participación de congresistas liberales como el Senador Edward Kennedy y el congresista Luis Gutiérrez. Sus propuestas de inmigración habrían permitido a las corporaciones traer al país casi un millón de trabajadores huésped al año y expandido el tipo de aplicación de las leyes migratorias que han llevado a las redadas en los centros de trabajo en todo el país. La administración Bush propuso desechar la inmigración basada en la reunificación familiar (un logro del movimiento por los derechos) por un sistema de puntos que favorece las habilidades requeridas por las grandes corporaciones.

Los liberales justifican estas propuestas argumentando que el apoyo de los empleadores era necesario para ganar algún tipo de legalización para los 12 millones de personas indocumentadas. Los programas de trabajador huésped y aplicación de las leyes migratorias fueron el precio por dicho respaldo. Finalmente, el senado fracasó en aprobar una propuesta de ley de reforma migratoria en el 2007, pero es altamente probable que los patrones hagan propuestas similares después de las elecciones de noviembre de 2008. Y después de que fracasó la iniciativa de ley, la administración comenzó a implementar algunas de las provisiones más represivas por orden administrativo.

Mientras tanto, los sindicatos han fracasado en formular una propuesta de ley que pudiera unir las necesidades de los trabajadores más allá de los límites de raza y nacionalidad así como tampoco han podido realizar una campaña en el Congreso para que sea aprobada. Ganar la amnistía y mayores derechos para los inmigrantes podría estar ligado a la creación de programas de trabajo para reducir el desempleo en las comunidades en las que existe, en un nivel de crisis. Este fue el enfoque tomado por la congresista Sheila Jackson Lee, quien presentó una propuesta para otorgar una amnistía a los inmigrantes indocumentados y simultáneamente establecer entrenamiento laboral y creación de programas en las comunidades con un alto nivel de desempleo.

Algunos sindicatos han tratado de relacionar estos asuntos junto con las negociaciones. En los hoteles de San Francisco, el sindicato UNITE- HERE local 2, ya cuenta con un fuerte “contrato de lenguaje” que protege los derechos de sus miembros que son inmigrantes. En las negociaciones de 2006, agregó un nuevo lenguaje que exige a los propietarios de los hoteles establecer un comité de diversidad para incrementar el porcentaje de trabajadores afroamericanos. Esto podría convertirse en un paso hacia un programa de acción afirmativa requiriendo la contratación que refleje la diversidad de la fuerza de trabajo de San Francisco en su conjunto, beneficiando por igual a los inmigrantes y no inmigrantes.

Pero los sindicatos que están tratando de luchar con el impacto de la migración tienen que decidir con quién quieren construir alianzas para ganar poder. Al ganar los programas de acción afirmativa y de trabajo, ligándolos a la amnistía y los derechos de los inmigrantes, ayudaría a construir una alianza entre trabajadores: inmigrantes, nacidos en el país, latinos, afroamericanos, asiáticoamericanos y anglosajones. Pero algunos sindicatos ven una alianza con los patrones como una clave, y están dispuestos a darles nuevos programas de trabajador huésped.

Esto incrementaría la competencia laboral, generaría presión en los salarios y haría imposible la acción afirmativa en las contrataciones.

Los logros concretos en el aspecto laboral y salarios se volvería mucho más difícil, y la unidad entre los trabajadores sería más difícil de lograr.

Alternativas a la Creciente Desigualdad

En todos los países industriales el problema de la unidad entre inmigrantes y no inmigrantes se está volviendo mucho más importante. Los disturbios antinmigrantes en el Reino Unido, Francia y Alemania son una ventana de lo que en el futuro podría suceder en Estados Unidos si los sindicatos y las comunidades trabajadoras no avanzan para resolverlo. Entender la importancia de la comunidad y la igualdad es la clave para lograr ese progreso.

La migración es un complejo proceso económico y social en el cual comunidades completas participan. La migración crea comunidades, las cuales en la actualidad colocan cuestionamientos desafiantes a cerca de la naturaleza de ciudadanía e igualdad.

Los migrantes están creando comunidades transnacionales en todo el mundo. Existen en diferentes fases de desarrollo en el flujo de migrantes procedentes de Algeria a Francia, de Turquía a Alemania, de Paquistán al Reino Unido, de Corea del Sur a Japón y desde los países en desarrollo a países desarrollados en todo el mundo.

De acuerdo a la organización internacional Derechos de los Migrantes (Migrant Rights International), más de 180 millones de personas viven fuera de países en los cuales nacieron, un factor permanente de la vida en el planeta.

Actualmente, la política migratoria estadunidense (así como la de otros países industriales) está institucionalizando el flujo migratorio global.

Cada vez más, los mecanismos para controlar la migración son los programas de trabajador huésped. En Hong Kong, en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, las corporaciones presentaron una propuesta para regular la mano de obra migrante, llamada Mode 4, la cual establecería un nuevo e internacional esquema de trabajador huésped.

Los gobiernos conservadores de los países en desarrollo, los cuales han abandonado las políticas de desarrollo nacional y han adoptado el marco del libre mercado, ven grandes ventajas en un tratado con las corporaciones. Ellos ganarían acceso a las remesas de los trabajadores, lo cual ya representa la principal fuente de cambio para muchos, y podrían usarlas para financiar los servicios que anteriormente eran financiados con los impuestos. Incluso, podrían eliminar aquellos impuestos pagados por sus propias elites. Esto institucionalizaría no solamente la desigualdad entre migrantes y no migrantes en países desarrollados donde trabajan sino que dividiría aún más a los ricos y pobres en sus países de origen. Crearía formas completamente nuevas de desigualdad.

La inequidad, es el producto más importante de la política estadunidense de inmigración, y también es una política premeditada.

Todas las actuales propuestas de reforma migratoria de Washington asumen que los inmigrantes no deben ser iguales a las personas que los rodean o que deban tener los mismos derechos. Este supuesto niega la realidad de que la migración de la gente es un producto de la economía global tanto como la migración de capital.

Al mismo tiempo, la filosofía que reflejan estas propuestas revertiría una historia de 400 años de lucha en los Estados Unidos para expandir los derechos de todas las personas.

La política migratoria estadunidense no detiene el flujo de migrantes a través de la frontera. Su función básica es definir el estatus de las personas una vez que se encuentran aquí. Y una política basada en proporcionar mano de obra a la industria a un precio que quiere pagar, tiene como base la desigualdad desde un principio.

Las comunidades inmigrantes procedentes de Latinoamérica y Asia enfrentan una exclusión hipócrita, lo cual exige que las personas renuncien a su cultura, lengua e identidad mientras mantienen una barrera del color que les niega un estado social equitativo. Los barrios Chino y de Manila deben su existencia no simplemente al deseo de una identidad comunitaria y de grupo sino a un siglo de segregación social. A los trabajadores agrícolas filipinos, les prohibieron a casarse con mujeres de otras razas. Los inmigrantes chinos eran traídos como esclavos por deudas en las vías de ferrocarril, y luego les prohibían ser dueños de tierras

Los Braceros eran reclutados en México de 1942 a 1964, bajo visas de trabajo temporal, contratados por agricultores del oeste. El objetivo era el mismo en cada caso –la creación de una desarraigada y móvil fuerza de trabajo mal pagada. Las raíces de la desigualdad descasan en la esclavitud. El actual concepto de personas “ilegales” tiene sus raíces en los Códigos Negros, utilizados para definir quiénes podían ser esclavizados y quienes no. Esto reinterpreta la idea de que un esclavo valía solamente tres quintos de una persona. Llamar a una persona un “ilegal” no se refiere a un acto ilegal o la violación de la ley. Es la existencia, el estatus de la persona que es ilegal o ilegítima. Esto justifica la exclusión de los derechos y los beneficios sociales acordados por las personas en la comunidad de los alrededores. Los braceros se llamaban así mismos “ilegales” a pesar de que tenían visas temporales porque usaban la palabra en este sentido de exclusión.

La ilegalidad es una categoría social. Los trabajadores obligados a ello reciben una cuota menor del valor que producen, una explotación adicional. El valor que ellos producen pero no reciben, es una fuente de ganancia adicional para las compañías dependientes de esa mano de obra. La desigualdad es lucrativa.

Una política migratoria que niega la creación de comunidad, inevitablemente produce personas desarraigadas, vulnerables a la explotación. Socava los derechos en los centros de trabajo y la comunidad, afectando también a los no inmigrantes. Inhibe el desarrollo de las familias y la cultura. La alternativa es una política que reconoce y valora a las comunidades y ve como algo atractivo su creación y respaldo. Refuerza la cultura y el lenguaje indígena, protege los derechos de todos y busca integrar a los inmigrantes a la sociedad más ampliamente.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, de las Naciones Unidas, propone este tipo de marco legal, estableciendo la igualdad de trato con los ciudadanos del país anfitrión. Tanto el país expulsor como el que recibe son responsables de proteger a los migrantes y garantizar el derecho de determinar quién es admitido en sus territorios y quién tiene el derecho de trabajar.

Previsiblemente, los países que lo han ratificado son los países expulsores de migrantes. Esos países que están más interesados en esquemas de trabajador huésped, como Estados Unidos, no lo han hecho. En la migración global del trabajo, los países que envían migrantes tienen poca influencia sobre las condiciones que enfrentan sus ciudadanos en los lugares a los que ellos van a trabajar o las leyes bajo las que la migración es posible.

Al evaluar las diversas propuestas para una reforma migratoria en el Congreso y en todas partes. Los activistas de derechos laborales y de los inmigrantes necesitan un claro criterio para decidir cuál promueve igualdad y comunidad y cuáles no. Algunas ideas para establecer un criterio incluye:

* Una perspectiva de largo plazo. Algunas propuestas ayudan a preparar esfuerzos de largo alcance para cambiar un sistema que produce inseguridad y desigualdad. Otros, como los programas de trabajadores huésped o una creciente aplicación de las políticas migratorias de sanción a los patrones, creando un campo de juego en el que el movimiento progresista se vuelve aún más difícil.

- * Mayor igualdad, la cual en si misma es un prerrequisito de unidad entre los trabajadores más allá de la división de raza y nacionalidad. Las propuestas para negar los derechos de la gente o beneficios debido al estado migratorio se aleja de la igualdad. Un estado de igualdad es un interés compartido, una meta que une a muchas comunidades diversas.

* El estado migratorio no debe ser ligado al empleo. Esa relación es una de las características principales de los programas de trabajador huésped y la amenaza común que funciona a través de esquemas de explotación desde hace un siglo. Los trabajadores no pueden ser libres si tienen que salir del país cuando pierden sus trabajos. Las comunidades inmigrantes en buen estado necesitan trabajadores con empleo pero también necesitan estudiantes, jóvenes o personas de edad avanzada, cuidadores o tutores, personas con discapacidades o quines no tienen empleos tradicionales.

* Más protección al derecho de organizar. Para aumentar el bajo precio de la mano de obra migrante, los trabajadores inmigrantes tienen que poder organizar. Dada la mínima oportunidad, los trabajadores inmigrantes y sus comunidades se organizarán en busca de mejores trabajos y salarios, escuelas y atención médica. Cuando logran poder político por ellos mismos, otras comunidades de la clase trabajadora que los rodea, también se benefician. Medidas como el estatus legal permanente facilita la organización.

* Las sanciones a los patrones, mano dura en la aplicación de las políticas migratorias y las redadas, aún como un precio por la legalización, dificultan mucho más la organización. Enlazando el comercio y la migración. La migración moderna es un “problema” porque en gran parte es causada por el desplazamiento forzado. Cambiando las políticas de comercio corporativo, y deteniendo las reformas neoliberales es tan central para la reforma migratoria como lograr un estatus legal para los inmigrantes indocumentados.

* Una mayor solidaridad entre los trabajadores y los sindicatos. Los trabajadores estadunidenses han sido forzados a entrar a un mercado global del trabajo. Tienen un interés directo en ayudar a los trabajadores más allá de las fronteras a organizar y aumentar los niveles de vida, luchar en contra de la privatización, el saqueo de los países en desarrollo, y detener las guerras y la intervención militar de Estados Unidos. No necesitan protecciones menores en los acuerdos comerciales sino unidad con los trabajadores globalmente para desechar esos tratados y cambiar la estructura económica y política de la que ellos son parte.

* Protegiendo el derecho a la movilidad. La libertad de movimiento es un derecho humano. Incluso en un mundo más justo, la migración continuará. Las familias y las comunidades están ahora conectadas por encima de miles de millas de distancia y muchas fronteras. Los enlaces entre las personas crecerán ya que son parte del potencial humano. La política migratoria debería facilitar el movimiento sin vender los trabajadores a los patrones como un precio por ello.

* Creando un interés común entre los inmigrantes y otros trabajadores. No es posible ganar cambios mayores en la política migratoria sin hacerla parte de una lucha por otras metas. Para terminar con la competencia laboral, los trabajadores necesitan el Acta de Empleo Completo Humphrey –Hawkins. Para ganar derechos de organización para los inmigrantes, todos los trabajadores necesitan el Acta de Libre Elección del Empleado.

El Congreso no está decidiendo “¿Qué puede detener la inmigración?” Con más de 180 millones de personas en el mundo viviendo fuera de sus países de origen, nada la puede parar.

La cuestión real que el Congreso está decidiendo es el estatus de las personas que se encuentran aquí. Fuera del circuito de Washington, las coaliciones comunitarias, grupos de derechos laborales e inmigrantes están defendiendo alternativas que darían a los inmigrantes muchos más derechos e igualdad que las visas en base al empleo. El Congreso podría, por ejemplo,

* Dar visas de residencia permanente o green cards a las personas que ya se encuentran en el país. Esas visas no exigen a las personas quedarse pero les dan la oportunidad de ir y venir –a trabajar, estudiar o hacerse cargo de su familia que se encuentra en Estados Unidos o sus países de origen. Quienes tienen una tarjeta de residencia permanente no pueden ser deportados si pierden un trabajo.

* Ampliar el número de green cards disponibles para nuevos inmigrantes, abriendo la puerta a la inmigración legal lo suficientemente para acomodar a quienes actualmente están llegando de manera ilegal. La mayoría de los inmigrantes ya vienen a través de redes familiares. Eliminando los casos rezagados por años al procesar visas de reunificación familiar les ayudaría y fortalecería a las comunidades. Permitir a las personas solicitar green cards, en el futuro, después de que han estado por algunos años. Estados Unidos no desarrollaría la enorme población indocumentada que tiene hoy.

* Detener el programa de aplicación migratoria a través de agentes, que ha llevado a miles de deportaciones y despidos, así como una frontera fuertemente militarizada que los migrantes cruzan y mueren, en las áreas más peligrosas.

* Prohibir a las compañías reclutar fuera de Estados Unidos –anteriormente era una parte tradicional de la política migratoria estadunidense. En Ellis Island, teniendo un trabajo previamente arreglado, era un motivo para ser deportado. Las compañías siempre pueden contratar inmigrantes (o a cualquier persona) con tarjetas de residencia legal y que viven en el país, y quienes cuentan con una green card están en una posición mucho mejor para exigir sus derechos y más altos salarios.

No es muy probable que muchas corporaciones apoyen en el futuro un programa como ese. Es por eso que quienes dicen representar los intereses de los inmigrantes en Washington deben de escoger al lado de quién están. Hoy, a la gente trabajadora de todos los países se le pide aceptar la continuación de la globalización, en la que el capital es libre de ir a donde pueda obtener las más altas ganancias. Por esa misma moneda, los migrantes deben tener la misma libertad, con derechos y estatus igual a cualquier otra persona.

La gente en México, Guatemala, China, Estados Unidos y cada uno de los otros países necesita las mismas cosas. Trabajos seguros a un salario digno. Derechos en nuestros centros de trabajo y comunidades. La libertad de viajar y buscar un futuro para nuestras familias. Las fronteras entre nuestros países deben ser un interés común para unirnos, no barreras para dividirnos.

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