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SANGRE EN LAS PALMAS
Afro-Colombianos luchan contra las nuevas plantaciones
By David Bacon
Dollars and Sense, 2007

El 7 de septiembre del 2006, paramilitares armados invadieron el hogar de Juan de Dios García, un líder comunitario en la ciudad Colombiana de Buenaventura. García escapó, pero los armados mataron a balazos a siete miembros de su familia

Los paramilitares, ligados al gobierno del Presidente Álvaro Uribe, y al élite terrateniente del país, querían parar a García y otros activistas del Proceso de Comunidades Negras (PCN), quienes han estado tratando de recuperar las tierras en las cuales afro-colombianos han vivido por cinco siglos. El PCN es una red de más de 140 organizaciones de las comunidades afro-colombianas.

García luego le dijo a Radio Bemba, "cuando los paras llegaron buscándome, pude ver que estaban usando vehículos de la policía y el ejercito. Ellos operan con la participación directa e indirecta de altos funcionarios del gobierno. Así que denunciar sus crímenes a las autoridades realmente le pone a uno a aun mayor riesgo."

Al sur de Buenaventura, por el Pacifico, en las tierras bajas costeñas del departamento de Nariño, las plantaciones de palma aceitera están proliferando por estas tierras que eran históricamente de afro-colombianos. La asociación de sembradores, Fedepalma, planea expandir la producción a un millón de hectáreas, y el gobierno ha propuesto que para el 2020 siete millones de hectáreas estarán en uso para cultivos de exportación, incluyendo palma aceitera.

El USAID, la agencia para el desarrollo internacional del gobierno estadounidense, esta ayudando a los sembradores a alcanzar sus metas. En lo que la agencia describe como un esfuerzo de reinsertar a miembros de los paramilitares derechistas quienes acuerdan a ser desmovilizados, el USAID financia proyectos por medio de las cuales ellos reciben tierras para cultivar. Las tierras, sin embargo, muchas veces se encuentran en áreas históricamente afro-colombianas.

Las familias afro-colombianas desplazadas por proyectos de desarrollo, particularmente la expansión de plantaciones de palma aceitera, y por los grupos paramilitares y militares quienes protegen a los proyectos, han creado una comunidad de invasión, el barrio 11 de noviembre, en las afueras de Tumaco, una ciudad en la costa en el departamento de Nariño. Las autoridades municipales han usado basura, desperdicios, y hasta desechos hospitalarios para crear caminos levantados entre las casas. Agua para las docenas de familias viene de un solo grifo. [foto: David Bacon.]

Pueda que en papel estos proyectos de reasentamiento parezcan ser componentes eficaces de un proceso nacional de paz. En realidad, sin embargo, lo que típicamente pasa es que los paramilitares toman la tarea de proteger la inversión del dueño de la plantación (y del gobierno). Y activistas afro-colombianos que se ponen en medio pagan el precio en sangre.

Plantaciones crecientes

En los sesentas, solo como 18,000 hectáreas estaban plantadas con palmas. Para el 2003, las plantaciones de palma aceitera ocupaban 188,000 hectáreas - y un numero mas cercano a 300,000 si se incluyen los campos plantadas que todavía no están produciendo. Colombia se ha vuelto la productora mas grande de palma aceitera en las Américas, y 35% de su producto ya se esta exportando como combustible. Palma aceteira antes se usaba simplemente para cocinar. Pero el esfuerzo global de dejar de usar el petróleo ha creado un nuevo mercado para biocombustibles, y una de las principales fuentes es la semilla de la palma aceitera.

Plantadores de palma aceitera aprovechan de la creciente despoblación del campo afro-colombiano causado por la pobreza, la migración interna, y la guerra civil. Pero también directamente corren a la gente de sus tierras, usando guardias armadas y paramilitares, quienes muchas veces parecen ser los mismos. "Cuando las compañías están comprando tierra, si un campesino vende solo parte de lo que le pertenece, pero no su casa, su casa se le quemará al día siguiente," dijo Jorge Ibañez, un activista involucrado en la recuperación de tierras, cuyo nombre ha sido cambiado para protegerlo de represalias.

Ibañez organiza comunidades urbanas en Tumaco, una ciudad en la costa donde ahora viven muchos de los afro-colombianos desplazados de Nariño. Pesonas desplazadas han viajado al capital del departamento, Pasto, para protestar e insistir en servicios para las comunidades de chozas que han construido al lado de los pantanos de manglares en las afueras de Tumaco. "Pero el gobierno dice que el problema de desplazamiento se ha resuelto" dice Ibañez, "aun cuando esas mismas personas desplazadas están acampando en la plaza en frente de las oficinas de las autoridades, por no tener a donde ir."

Otros activistas comunitarios acusan que la producción de coca sigue a las palmas. Raúl Álvarez explica que "antes nunca consumíamos coca acá, pero ahora esta por todas nuestras escuelas y nuestros barrios." Residentes acusan a los guardias de las plantaciones, que recién llegaron, de estar involucrados en el narcotráfico, y sospechan que los plantadores mismos son los financiadores Los primeros y mas grandes dueños de plantaciones han sido los magnates azucareros de Cali, en el departamento Valle de Cauca, quienes por años han sido sospechados de estar involucrados en el narcotráfico. Ibañez dice que los pistoleros son "personas que llegan acá de otras regiones, se ponen a trabajar para estas compañías, y a amenazar gente."

En Tumaco, entre las chozas de los desplazados, la red de guardias armados maneja operaciones de prestamos usureros y casas de empeño, manteniendo un ojo en las actividades de la comunidad al monopolizar las tienditas de teléfono donde los residentes van para hacer sus llamadas.

"Estas personas no son una fuerza política en si," dice García. "Son mercenarios. En un área como la costa Pacifica, donde el ingreso anual ni llega a $500 al año, ellos ofrecen sueldos de $400 al mes. Aun gente negra e indígena puede ser comprada, y así usan un grupo para cometer masacres contra el otro - negros contra indígenas, indígenas contra negros.

Retomando los derechos a la tierra

Ante el desplazamiento y la dispersión de sus comunidades, afro-colombianos han peleado con el gobierno por décadas, tratando de forzarlo a reconocer sus derechos a la tierra. Esos esfuerzos persistentes han producido victorias legales importantes. Como resultado de la presión de comunidades afro-colombianas e indígenas, la constitución del país, reescrito en 1991, finalmente validó su derecho a sus territorios históricos. La ley 70, aprobada en 1993, exige que estas comunidades sean consultadas y aprueban previamente cualquier proyecto nuevo planeado en sus tierras. Pero tener una ley es una cosa; haciéndola cumplir es otra.

En el interior de Nariño, residentes desplazados se han unido con los que siguen en sus tierras. Juntos, han presentado una serie de demandas legales para reconseguir el titulo de las tierras donde sus ancestros se establecieron hace siglos. Francisco Hurtado, un líder afro-colombiano quien empezó el esfuerzo has mas de una década, fue asesinado en 1998. Sin embargo, afro-colombianos recuperaron sus primeros territorios colectivos en el departamento en 2005. Desde la aprobación de la ley70, afro-colombianos han conseguido titulo a 6.1 millones de hectáreas de tierras. Todavía falta mucho, sin embargo, para que la recuperación sea completa.

Comunidades pequeñitas en la selva, como Bajo Pusbi, todavía viven con miedo de los varios grupos armados que caminan por sus calles sucias con impunidad. Y Palmeira, el mas grande plantador de Nariño, ha cedido tierras plantadas con palmas, pero no las calles que entran a o pasan por esas tierras. Como resultado los habitantes del territorio todavía se ganan la vida recolectando madera. La mayoría de la gente no puede ni leer ni escribir. Bajo Pusbi, bien adentro de la selva, no tiene ni escuela ni clínica.

La respuesta del presidente Uribe a esta pobreza es su plan de forzar a las comunidades afro-colombianas a ser los socios minoritarios de los plantadores, manteniendo y cosechando los árboles y entregando el producto a las compañías para refinar. Lo que es mas, quiere tomar aun mas tierra para este monocultivo. Para apoyar la expansión de la producción de palma aceitera, los partidos conservadores en el congreso Colombiano - alentados por el USAID - han presentado nuevas propuestas de ley para bosques, agua y otros recursos que requieren ser comercialmente explotados. Si una comunidad no explota los recursos, puede perder el titulo de sus tierras.

En el congreso del 2006 de Fedepalma en Villavicencio, Uribe le dijo a la organización de cultivadores que el "encerraría a los hombres de negocio de Tumaco con nuestros compatriotas afro-colombianos y no los dejaría salir de la oficina hasta que llegáran a un acuerdo sobre el uso de estas tierras." Lideres de los consejos comunitarios de las comunidades negras de Kurrulao condenaron la idea en una carta al presidente, diciendo que "traería con ello gran daño ecológico, social y cultural." Ellos alegan que mas plantaciones de palma afectarían la habilidad de reproducir la cultura afro-colombiana, y que remplazaría una de las regiones mas biodiversas del planeta con un monocultivo.

"Las comunidades afro-colombianas de la costa Pacifica" García le dijo a Radio Bemba, "usan la tierra, y son dueños de lo que la tierra produce, pero no creen que son dueños de la tierra en si, lo cual nos pertenece a todos. Seguimos el concepto de la propiedad colectiva. El hecho de que hemos recuperado algunas de nuestras tierras y las mantenemos de esta manera ha enfurecido a fuerzas económicas poderosas en nuestra país, tanto como a corporaciones transnacionales."

El PCN se organizó para exigir la recuperación de tierras y para abordar la pobreza extrema de la que sufren los afro-colombianos. Algunos de sus lideres han viajado a Washington para denunciar el proyecto en reuniones con miembros del congreso estadounidense, tratando de convencerlos de votar no el propuesto tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. Ese acuerdo expandiría la producción de palma aceitera inmensamente

Una historia de trabajo forzado

Proyectos de desarrollo como las plantaciones de palma aceitera amenazan a mas que solo un grupo de familias o un solo pueblo. Ponen en peligro a la base territorial del mantenimiento de la cultura afro-colombiana y su estructura social única, desarrollada durante casi 500 años. El primer español que desembarco en 1500, en lo que eventualmente sería Colombia, encontró un territorio ya habitado por los pueblos Carib y Chibcha. Antes de que acabara el siglo, tropas del rey español portando mosquetes habían diezmado estas comunidades indígenas, forzando los sobrevivientes a fugarse de la costa y entrar bien adentro a montañas remotas. Para remplazar su trabajo forzado en las plantaciones y minas, administradores coloniales trajeron los primeros esclavos de la África. Para el 1521, cien años antes de que la esclavitud empezó en la colonia de Virginia (en lo que seria los Estados Unidos), los primeros Africanos ya habían comenzado cinco siglos de trabajo en las Américas.

En Colombia, como en el sur de los Estados Unidos, los Africanos no fueron dóciles. Se fugaron de las plantaciones en grandes números, viajando al sur y al occidente hacia la costa Pacifica, y tierra adentro a las selvas montañosas del interior. Los fugitivos llamaron a sus pueblos "palenques." Para cuando Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander levantaron la bandera de liberación de España en 1810, la cólera Africana ya era tanta que tres de cada cinco soldados en el ejercito anti-colonial eran esclavos o habían sido esclavos.

Aun así la emancipación se retraso por otros 40 años hasta 1851, una década antes de que la proclamación de emancipación del presidente Lincoln libero a los esclavos en los Estados Unidos. Pare ese entonces, las comunidades afro-colombianas rurales fundadas por esclavos escapados eran tan viejas como las grandes ciudades de Bogota y Cartagena.

Pobreza polarizada por raza

Hoy Colombia es un país de 44 millón, el tercer mayor de Latinoamérica y uno de los mas económicamente polarizados. Su Departamento de Planeación Nacional calcula que 49.2% de la gente vive en pobreza (la Universidad Nacional dice 66%). En el campo, oficialmente 68% son pobres. Y dentro de las áreas rurales, la pobreza no esta igualmente distribuida.

La Asociación de Afro-Colombiano Desplazados documenta a mas de 10 millones de afro-colombianos viviendo en la costa pacifica, siendo 90% de la población de esa costa. Aun en departamentos del interior como Valle de Cauca y en la parte norte de Cauca son la mayoría. En comunidades Afro-Colombianas 86% de las necesidades básicas no están satisfechas, incluyendo servicios públicos, desde aguas negras a agua corriente, según un informe presentado en el 23o congreso internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. La mayoría de las comunidades blancas y mestiza, al contrario, tienen dichos servicios.

El sistema de salud del país, dañado por recortes del presupuesto hechos para subsidiar la guerra de contrainsurgencia del gobierno, cubre a 40% de los Colombianos blancos. Solamente 10% de los colombianos negros reciben servicios de salud, y un mero 3% de trabajadores afro-colombianos reciben beneficios de seguro social. Analfabetismo negro esta a 45%, analfabetismo blanco esta a 14%. Aproximadamente 120 de cada 1000 bebes afro-colombianos mueren dentro de su primer año, comparado con 20 bebes blancos. Y al otro extremo de la vida, afro-colombianos viven un promedio de 54 años, los blancos unos 70 años.

Y mientras que los que no son afro-colombianos tienen ingresos anuales de un promedio de $1,500, familias afro-colombianas ganan $500. Solamente 38% de jóvenes afro-colombianos van a la escuela secundaria, comparado con 66% de los que no son afro-colombianos. Solamente 2% van a la universidad.

La desigualdad institucionalizada ha sido reforzada por décadas de desplazamiento interno. Desde 1940 a 1990, la parte urbana de la población de Colombia creció de 31% a 77%. Afro-colombianos se unieron a esta migración interna, con la esperanza de conseguir un mejor nivel de vida. Pero esas esperanzas se estrellaron - en vez se unieron a la pobreza urbana, viviendo en las áreas marginales de ciudades como Tumaco, Cali, Medellín y Bogotá. Actualmente, la mayoría de los afro-colombianos viven en áreas urbanas, según Luís Gilberto Murillo Urrutia, antiguo gobernador de la provincia de Choco. "Afro-colombianos son 36-40% de la gente de Colombia," dice el, "aunque el gobierno dice que es solo 26% (o como 11 millones de personas). Solo 25%, aproximadamente tres millones de personas, todavía están basadas en la tierra."

Se espera mas desplazamiento

El programa de desarrollo actual del gobierno de Colombia va a bajar ese numero aun mas. Las comunidades afro-colombianas están en peor peligro de desaparición y desplazamiento que lo que han enfrentado en cualquier tiempo previo de su historia, gracias a nuevos proyectos masivos de desarrollo del gobierno, promocionados por los estados unidos e instituciones financieras internacionales.

Las comunidades locales no controlan estos grandes proyectos de desarrollo. Las refinerías crean dividendos, pero los únicos Colombianos que benefician de ellos son un muy pequeño grupo de plantadores en Cali y Medellín. Pero el gobierno Colombiano, como tantos otros atontados por las políticas dirigidas por el mercado, ve la inversión extranjera en estos proyectos como la clave al desarrollo económico, y por lo tanto, rentas. Corta el presupuesto para servicios públicos que las comunidades afro-colombianas, indígenas y otras comunidades pobres necesitan, mientras aumenta los gastos militares.

Plan Colombia, el plan de ayuda militar estadounidense, financia mucho de ese presupuesto militar creciente. Tanto Plan Colombia como el nuevo tratado de libre comercio, que se espera será ratificado por congreso este año, causaran mayor desplazamiento de comunidades rurales afro-colombianas e indígenas. Los lideres que se ponen en el camino de proyectos de inversión extranjera desaparecerán o morirán.

Activistas del PCN calculan que el tratado de libre comercio propuesto forzara a aproximadamente 80,000 familias que trabajan en agricultura a dejar sus tierras. Ellos dicen que esto será solo el comienzo, y apuntan a los 1.3 millones de campesinos desplazados en México por el Tratado de Libre Comercio de Norte América.

Y mientras que la mayoría de los desplazados Colombianos se vuelven emigrantes internos en las comunidades marginales urbanas crecientes, ese río migratorio eventualmente cruzará las fronteras de los países ricos cuyas políticas lo pusieron a correr. Desde 2002, mas de 200,000 Colombianos han llegado a los Estados Unidos.

Preservando tierra y cultura

García argumenta que comunidades afro-colombianas son los guardianes históricos de la biovidersidad del país. "Toda la costa Pacifica esta compuesta de manglares ricos, a los cuales debemos nuestra subsistencia," explica. "Las culturas afro-colombianas e indígenas ven ese territorio como un lugar para vivir, y no como un posible fuente de riqueza económica. Pero esto es la base para la planeacion de estos megaproyectos, tal que ahora están usando sus ejércitos privados, los paramilitares, y han asesinado a miles de los lideres de nuestro movimiento y desplazado a millones de personas. Eso incluye a un millón de afro-colombianos que han tenido que dejar la costa Pacifica."

Comunidades afro-colombianas y su cultura de hace siglos no tienen un lugar en los planes actuales de megadesarollo. "Ellos ven a la gente negra como objetos sin valor," enfatiza García. "Así que sacrificándonos, aun hasta el punto de un holocausto, no importa. Eso es el tipo de racismo al cual somos sujetados. Nosotros creemos que todos los actos contra la cultura de un pueblo se deberían considerar como crímenes de derechos humanos, por que no hay vida humana sin la cultura."

García y otros advierten que la continuación de la financiación de Plan Colombia va a producir mas conflicto y mas desplazamiento. El gobierno muchas veces acusa a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de cometer masacres, y de hecho usa sus actividades como un pretexto para mantener una presencia extremadamente pesada en áreas rurales. Por la otra parte, dice que ha forzado a los paramilitares a desmovilizar. "Pero al mismo tiempo que hacen estos compromisos en los Estados Unidos y Europa, los paras están masacrando a gente acá," García le dijo a Radio Bemba. "El gobierno pide dinero para el proceso de paz, pero lo que pasa en realidad es lo opuesto a la paz."

El congreso Estadounidense ha asignado $21 millones para ayudar al reasentamiento de los paramilitares. Gente local dice que los mismos paras, con las mismas armas, están haciendo los mismos asesinatos. Altos funcionarios del gobierno de Uribe han sido forzados a renunciar, por que salieron a luz sus vínculos con los paramilitares.

"El desplazamiento de nuestras comunidades no es una consecuencia del conflicto," aclara García. "El conflicto en si se esta usando para desplazarnos, hacernos huir de nuestros territorios. Después la tierra se expropia, por que el estado dice que ya no se esta usando de manera productiva. No tenemos armas para combatir esto, pero si vamos a resistir políticamente, por que renunciar a nuestras tierras es renunciar a la vida."

David Bacon es periodista y fotógrafo que cubre asuntos de trabajo, inmigración, y el impacto de la economía global en los trabajadores.

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