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LA OCUPACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS
¿De quién son los Derechos Humanos que defiende la Ocupación?
por David Bacon
Noticiero Semanal (Porterville) y El Gráfico (Fresno)
Mayo, 2004

El desastre de la ocupación de Irak va mucho más allá que la guerra que se ve por las noches en las televisiones estadounidenses. La violencia de la miseria, exacerbada por las sanciones que siguieron a la Guerra del Golfo, se está haciendo cada vez más profunda como resultado de la invasión por Estados Unidos. El hambre entre las clases trabajadoras iraquíes aumenta día a día con las medidas económicas de las autoridades de la ocupación, que las convierten en una multitud de trabajadores con bajos salarios, sólo empleada temporalmente, que busca desesperadamente trabajo a casi cualquier precio.

Mientras que los efectos de la política de Estados Unidos en la vida cotidiana apenas son vistos en los medios de comunicación estadounidenses, es imposible no percibirlos para cualquiera que se pasee por las calles de Bagdad. Hay niños durmiendo en las aceras, los edificios en los que solían habitar los cuatro millones de habitantes y las infraestructuras que hacían de Bagdad una ciudad moderna, continúan siendo ruinas incendiadas un año después del comienzo de la ocupación. Los amplios bulevares que una vez fueron el orgullo de un país próspero están llenos de escombros, mientras que el aire se vuelve marrón y polvoriento tras el paso miles de vehículos. Se siguen vertiendo desechos al Tigris y, como resultado, los que no tienen más remedio que depender de él para cocinar o beber continúan cayendo enfermos.

La violencia de la pobreza - una manifestación de la gran división existente entre el Norte rico e industrializado y el Sur en desarrollo, no se considera una violación de los Derechos Humanos en Estados Unidos. Los Estados Unidos no reconocen que los Derechos Humanos incluyen derechos económicos y sociales porque estos son derechos colectivos de grupos, de clases sociales o incluso de naciones enteras.

De acuerdo con ello, las acusaciones de los Estados Unidos contra el régimen de Saddam se centran en las violaciones de los Derechos Humanos individuales, como el asesinato de los enemigos del régimen, o la prohibición de ejercer una actividad política para individuos que discreparan con sus políticas. La mayoría de las organizaciones populares en Irak, tanto de derechas como de izquierdas, religiosas como seculares, comparten estas acusaciones. Sin embargo, no encierran la discusión en torno a los Derechos Humanos en tales límites. Para ellas, tanto la ocupación como las condiciones sociales que esta impone, son también violaciones de los Derechos Humanos.

El hecho de limitar la discusión sobre los Derechos Humanos a los de las personas perseguidas por el antiguo régimen, proporciona una distinción bastante conveniente para la Administración Bush y la Autoridad Provisional de la Coalición. Esto les permite imponer en Irak un modelo económico a su conveniencia, con efectos drásticos en las vidas de millones de personas, y al mismo tiempo negarse a considerar esas consecuencias como violaciones potenciales de sus Derechos Humanos.

Como resultado de la ocupación, los beneficiarios de los contratos con los Estados Unidos se hacen ricos, con dólares de los contribuyentes norteamericanos supuestamente destinados a la reconstrucción de Irak. Al mismo tiempo, las riquezas del país - fábricas, refinerías, minas, puertos y otras instalaciones industriales, están siendo preparadas para venderse a compañías extranjeras por la burocracia de la ocupación, para quien democracia y libre mercado incontrolado son una misma cosa.

Los iraquíes han perdido el control de su propia economía y de su país, y esto es mucho más que una pérdida meramente simbólica. Aun así, los símbolos constituyen un elemento importante en la manera en que un pueblo reacciona ante una realidad económica tan básica, y nada podía haber resultado más simbólico que la manera en que las autoridades de la ocupación han tratado el legado del pasado nacionalista, progresista y anticolonialista de Irak.

Desde 1958, el 14 de julio ha sido el día nacional en Irak. El año pasado, bajo la ocupación, fue declarada una "fiesta de la era Saddam" y su celebración fue prohibida. Las autoridades de la ocupación declararon que el pueblo iraquí debería celebrar el día de la caída del régimen de Saddam Hussein, el mismo día en que empezó la ocupación.

Si bien la mayoría de los iraquíes se alegraron de la partida de Saddam, prohibir la celebración del día nacional no sólo es un insulto, sino también un signo de las verdaderas intenciones de la ocupación.

Para los iraquíes progresistas el 14 de Julio recuerda su historia anticolonial. 1958 fue el año en que nacionalistas y radicales derrocaron la monarquía impuesta por Gran Bretaña tras la Primera Guerra Mundial. Durante los siguientes cinco años, de relativas libertad y democracia, Irak empezó a edificar una economía nacionalizada y planificada, basada en su riqueza petrolífera. Cientos de fábricas fueron construidas, haciendo de Irak uno de los países más industrializados de Oriente Medio. El gobierno organizó un sistema nacional de seguridad social, y trató la educación como un derecho. Los porcentajes de mujeres representadas en el mercado laboral eran mayores que los de cualquier otro país de Oriente Medio. Incluso después de la caída del gobierno en 1963, (en un golpe en el que la CIA jugó un papel importante), tales reformas eran tan populares que continuaron durante el régimen baasista que se impuso.

Umn Qasr, un nuevo puerto de aguas profundas, fue construido en el Golfo Pérsico y se convirtió en la punta de lanza de ese plan. Los bienes de esas nuevas fábricas se empezaron a embarcar en sus muelles hacia compradores situados a lo largo de la región. El puerto se convirtió en un símbolo de progreso e independencia.

Hoy en día, Umn Qasr se ha convertido en botín de guerra. Fue la primera empresa iraquí en ser traspasada, y no solamente a un propietario privado, sino además extranjero. Antes incluso de que las tropas alcanzaran Bagdad, la administración Bush en Washington otorgó la concesión de la explotación del puerto a Stevedoring Services of America, una compañía gestora de mercancías a lo largo del mundo con buenas conexiones políticas. La privatización de Umn Qasr supuso el comienzo de la transformación de la economía iraquí: el paso de una economía basada en la nacionalización y en la producción para un mercado interno, a otra basada en la propiedad por grandes empresas transnacionales, que envía las riquezas fuera del país. Para los iraquíes, lejos de representar un símbolo de orgullo nacional, Umn Qasr representa ahora una nueva época de dominación extranjera.

Tras la revolución de 1958, un millar de trabajadores de la costa estaban empleados en los muelles de Umn Qasr. Incluso en los días más señalados de nacionalismo árabe, seguían sin tener garantías de sus trabajos y derechos. Al principio, se permitía a franquicias que contrataran trabajadores en un régimen diario. Finalmente, los trabajadores se rebelaron. Una vez reconocida su unión, exigieron y consiguieron un sistema de contratación controlado por ellos mismos, así como un salario mínimo diario, independientemente de si había o no un barco que cargar o descargar.

Aquellos logros se ven hoy día como si fueran un sueño lejano. Umn Qasr es un lección ejemplar sobre la privatización de Irak. Su destino tendrá un profundo efecto en el grado en que un futuro gobierno iraquí podrá controlar la economía del país. Del mismo modo, los empleos, el nivel de vida y los derechos laborales de los trabajadores del puerto, son el modelo para el futuro de los cientos de miles de trabajadores de empresas antes propiedad del Estado a lo largo de la economía iraquí.

Los ideólogos del mercado libre de la administración Bush ven la ocupación como un puente para su avance en Oriente Medio y el sur de Asia. Su primer objetivo es la transformación de la economía dominada por el Estado del que en su día era uno de los países más ricos de la región. El Irak de libre mercado marcará las pautas para el resto del área, de una manera bastante similar a la que el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) contribuyó primero a transformar la economía mexicana, y se convirtió más tarde en prototipo del Área de Libre Comercio de las Américas.

El 19 de septiembre, la Autoridad Provisional de la Coalición (Coalition Provisional Authority), publicó la Orden Número 39, que permite la propiedad extranjera de los negocios en un ciento por ciento, excepto en el caso de las explotaciones petrolíferas, así como la repatriación de los beneficios. La Orden Número 37, del mismo día, suspendió los impuestos anuales de renta y de propiedades, e impuso un tipo base del 15% para empresas e individuos de 2004 en adelante. En los Estados Unidos, los ideólogos de derecha llevan años intentando, sin conseguirlo, que el congreso apruebe la imposición de un tipo base; Irak, sin embargo, se ha convertido en su campo de experimentación.

Los trabajadores iraquíes contemplan pavorosos el proceso de privatización. Dathar Al-Kashab, director de la refinería petrolífera de en Bagdad, predijo que la privatización tendría un efecto enorme. "Con el antiguo sistema, un trabajador que empieza hoy aquí tiene un trabajo para toda la vida" explica, "y no hay leyes que me permitan despedirlo. Pero si paso a la privatización, tendré que despedir a 1500 de los 3000 trabajadores. Cuando un empresa reduce su plantilla en Norteamérica, hay un subsidio de desempleo y la gente no se muere de hambre. Si yo despido a la gente que trabaja aquí, los estoy matando junto con sus familias".

De acuerdo con los nuevos sindicatos iraquíes, el desempleo ronda el 70%. No hay ni paro ni sistema de seguridad social. Existe un Sindicato de Desempleados, que ha realizado manifestaciones pidiendo trabajo y subsidios. Su líder, Qasim Hadi, ha sido detenido en repetidas ocasiones por las tropas de la ocupación.

Simultáneamente, la Autoridad Provisional de la Coalición estableció en septiembre un nuevo marco salarial para los trabajadores iraquíes: la Orden Número 30 sobre la Reforma de los Salarios y Condiciones de Empleo de los Empleados del Estado, que redujo el salario mínimo de 60 a 40 dólares al mes, y eliminó todos los subsidios de riesgo, comida, familia y vivienda anteriores.

En 1987 Saddam Hussein estableció una ley por la cual los trabajadores de las empresas propiedad del Estado (lo que incluye a la mayoría de los trabajadores iraquíes) perdían el derecho de sindicarse y de negociar. En los muelles de Umn Qasr, así como en otras tantas fábricas y refinerías a lo ancho del país, los sindicatos fueron efectivamente prohibidos. Hoy en día, la autoridad de la ocupación de los Estados Unidos sigue manteniendo esa ley. Esto supone otro regalo para los futuros propietarios privados de las empresas iraquíes. Si los trabajadores carecen de sindicatos, de derecho de negociación y de contratos, la privatización, y las enormes pérdidas de puestos de trabajo subsiguientes, tendrán que afrontar una resistencia mucho menos organizada.

Paul Bremer, líder de la Autoridad Provisional de la Coalición, introdujo el 5 de junio un arma más en el arsenal antisindicatos: la Nota Pública Número Uno, que prohíbe "toda manifestación o material pudiendo incitar al desorden civil, disturbios o daño a la propiedad". Esta frase puede fácilmente dar lugar a una interpretación que incluya huelgas u otro tipo de protesta organizada dentro de tal categoría. Cualquiera que viole este decreto será "susceptible de ser detenido por las fuerzas de seguridad de la Coalición y mantenido en cautividad bajo los términos de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949" (en otras palabras, como prisionero de guerra). De acuerdo con ello, el 6 de diciembre fuerzas estadounidenses de la Ocupación detuvieron a ocho miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Iraquí de Sindicatos. Pese a que fueron liberados al día siguiente, la organización fue expulsada del edificio en el que se encontraban sus locales.

Jassim Mashkoul, director de comunicaciones internas de la FIS, declara que "al principio pensábamos que nuestras condiciones podrían mejorar con la caída de Saddam Hussein, pero no ha sido así". Muchos trabajadores de las fábricas son menos diplomáticos. Un empleado de la fábrica de los bienes de cueros del Estado en Bagdad nos explica que: "tenemos que cambiar esta ley que dice que no tenemos derecho a sindicarnos. Si no la cambian, lo haremos nosotros de todas formas, les guste o no, nosotros somos el pueblo". "La vida ha empeorado bastante" nos dice otro mientras gesticula enfáticamente, "todo lo controla la Coalición, nosotros no controlamos nada".

No hay duda que la mayoría de estos decretos específicos de la Coalición constituyen violaciones de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. El mantenimiento de la ley de 1987 es ilegal a la luz de as Convenciones 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan la libertad de asociación. Los arrestos de los líderes sindicales, así como el desalojo de sus locales, son ilegales según la convención 135, contra las represalias hacia los trabajadores a causa de la actividad sindical. La Autoridad Provisional de la Coalición se niega a hacer comentarios en relación con estas violaciones. Aún así, en un momento especialmente orwelliano, George Bush declaró en su discurso del Estado de la Unión de enero que la intervención en Irak favorecería la creación de sindicatos libres en Oriente Medio.

La negación de los derechos sindicales no es lo único que pone en cuestión los derecho económicos del pueblo iraquí. La protección de la atención médica y educación universales y gratuitas, si bien no estaban garantizadas más que sobre el papel durante los últimos veinte años, son una cuestión de Derechos Humanos vital para la mayoría de los trabajadores. Al descartar este sistema e insistir en otro de libre mercado en su lugar, la ocupación está demostrando claramente que estos derechos colectivos de los iraquíes en tanto que pueblo, no se incluyen en su definición de los Derechos Humanos.

Pero más allá de la cuestión de las prestaciones sociales está la cuestión de la naturaleza de la economía iraquí en sí: quién la controla, y quién se beneficiará de ella. El traspaso de Umn Qasr a Stevedoring Services of America no pareció considerarse como un asunto de Derechos Humanos en Estados Unidos. El traspaso de los servicios públicos para el enriquecimiento de los negocios privados, contra el que se ha protestado amargamente en los Estados Unidos por los funcionarios y aquellos que dependen de ellos, ha sido solo recientemente definido en términos de Derechos Humanos.

En Irak, donde Umn Qasr ha sido el orgullo nacional y la fuente de su riqueza durante décadas, su transformación en un negocio para el beneficio de una compañía de Seattle y sus accionistas, ha sido una violación de los Derechos Humanos fundamentales. La ocupación, que ha impuesto la privatización a punta de pistola, lo es también por extensión.

© 2004 David Bacon

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