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COLOMBIA: Guerra sucia antisindical
David Bacon
Viernes, 11 de mayo de 2001
Pacific News Service.

Trabajar con un sindicato suele acarrear riesgos.

El peligro de afiliarse a un sindicato es aun mayor en Colombia, donde el activismo laboral a veces es castigado con la muerte.

En los primeros meses de este año, 25 líderes sindicales colombianos fueron asesinados violentamente. El año pasado otros 129 de ellos fueron asesinados. La mayoría de los conocedores del tema calculan que un promedio de 150 dirigentes laborales caen asesinados cada año.

La situación ha provocado una oleada de protestas por parte de los sindicatos de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos, los cuales están aumentando el volumen de su voz de protesta, no sólo contra las violaciones de derechos humanos en Colombia, sino contra las políticas gubernamentales de EU que, según los sindicatos, permiten estas carnicerías.

A mediados de marzo, varios hombres armados y uniformados de militares pararon el autobús de una compañía que llevaba a varios mineros a sus trabajos en la mina de carbón Loma en el norte de Colombia. Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita fueron obligados a salir del autobús. Tras hacerlo, les llenaron el cuerpo de balazos, dejándolos tendidos en la carretera.

Ambos eran dirigentes del sindicato de la mina, la cual es propiedad de Drummond Co. Inc., una multinacional con sede en Birmingham, Alabama. El año pasado, Drummond cerró la mayor parte de sus operaciones en EU y reubicó la producción de carbón a la mina Loma, aunque la compañía conocía "el hostil clima político de ese país y las flagrantes violaciones de derechos humanos que ocurren en él", dijo Jerry Jones, vicepresidente del sindicato estadounidense de mineros U.S. United Mine Workers of America.

Colombia es el cuarto mayor exportador mundial de carbón. En el año 2000 envió al exterior 794 millones de dólares en carbón, el cual se convirtió así en la tercera mayor fuente de divisas provenientes del sector exportación.

Apenas unos días después del asesinato de los mineros, dos dirigentes del sindicato de trabajadores colombianos de la electricidad fueron acribillados a tiros. Unos pocos días antes, un activista sindicalista de una petrolera fue sacado a la fuerza de su casa y baleado en plena calle. El 31 de marzo, el líder del sindicato de trabajadores de la industria del cemento fue secuestrado por pistoleros.

Un grupo paramilitar de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue acusado de este asesinato y los de los mineros del carbón. Los sindicatos acusan a las AUC y a los militares colombianos por los asesinatos de sindicalistas ocurridos en esta década. El gobierno colombiano percibe la actividad sindical como un reto a su política económica.

Por ejemplo, en marzo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) organizó una huelga de 24 horas de 700 mil trabajadores, incluidos 300 mil maestros y empleados de la docencia, para protestar por los despidos masivos entre trabajadores del sector público, despidos que fueron resultado de presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para que el gobierno colombiano redujera el gasto público.

El año pasado, los directivos de la Central Sindical AFL-CIO de Estados Unidos, pidieron que se ponga fin a la ayuda militar a Colombia. Esta posición enfrenta al sector laboral con la Administración Bush en un asunto clave de la política exterior. Representa un contraste fuerte con el relativo silencio que guardó el sindicalismo colombiano a finales de los 70 y comienzo de los 80. En esa era, el presidente de la AFL-CIO, Lane Kirkland, prohibió a los sindicalistas la crítica a la política exterior estadounidense y detuvo los esfuerzos que surgían espontáneamente para organizar una base de apoyo a los sindicalistas salvadoreños que entonces encaraban el tipo de violencia que se manifiesta actualmente en Colombia.

Esta primavera, la asociación estadounidense de trabajadores del acero (USW) envió una delegación formal a Colombia para que se reuniera con los líderes de la CUT. Hoy en día, los sindicatos estadounidenses quieren tener relaciones con todos los sectores laborales colombianos. "Los derechos sindicalistas son derechos humanos y nuestra organización luchará por protegerlos en todas partes", dice Jones. "Exigimos que el gobierno colombiano proteja a todos los sindicalistas del país y haga todo lo que está en su poder por llevar a esos asesinos ante la justicia".

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