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LAS VOCES DE LOS INMIGRANTES DEBEN SER ESCUCHADAS
David Bacon y Nativo Lopez
Contexto Latinoamericano

El 1 de mayo, más de un millón de personas llenó las calles de Los Ángeles y cientos de miles más las de Chicago, Nueva York y ciudades y pueblos de todo el país. Los inmigrantes se sienten con la espalda contra la pared y salieron de sus casas y lugares de trabajo para demostrarlo.

En parte sus protestas respondieron a la HR 4437 –el proyecto de ley Sensenbrenner– que propone eliminar todo espacio social que permita a los inmigrantes indocumentados trabajar, sobrevivir y mantener a su familia.

Sin embargo, las protestas no sólo constituyeron una reacción ante una agenda congresional en particular. Constituyen una respuesta acumulativa a años de ataques y denigración de los inmigrantes en general y de los mexicanos y latinoamericanos en particular. Las protestas parecen espontáneas, pero se producen como resultado de años de organización, educación y campaña, actividades que han dado a los inmigrantes confianza y al menos a algunas organizaciones la credibilidad necesaria para movilizar la acción directa de masas.

Este movimiento es el legado de Bert Corona, pionero de los derechos de los inmigrantes y fundador de muchas organizaciones nacionales latinas. Corona formó a miles de activistas inmigrantes, enseñó el valor de la independencia política y creyó que los propios inmigrantes debían conducir la lucha por sus derechos. La mayoría de los actuales dirigentes de nuestro movimiento fueron aprendices o discípulos de Bert Corona.

Estos factores aunados han dado origen a una enorme respuesta popular, una lucha de resistencia como nunca antes habíamos visto.

Es de lamentar, sin embargo, que estas protestas hayan sido utilizadas en Washington D. C. para justificar componendas que traicionan los intereses de los inmigrantes y del pueblo trabajador en general. Algunos legisladores más liberales de Washington, y el círculo de cabilderos que los rodean, incluso se acreditan las marchas, o al menos las utilizan para justificar los acuerdos que proponen. Pero la gente ha salido a las calles no en apoyo de estas propuestas, sino movida por el temor al daño que éstas harán.

Todas las diversas componendas que se ofrecen en el Senado contienen medidas represivas del tipo Sensenbrenner. Algunas darían origen a un sistema codificado de castas, una suerte de apartheid bantú que es antiamericano y dividiría a nuestras familias. La respuesta del Partido Demócrata al proyecto de ley Sensenbrenner fue la propuesta de inmigración McCain-Kennedy, que contiene enormes programas de trabajadores inmigrantes temporales y un aumento de las redadas en los centros de trabajo para castigar a los indocumentados por el delito de trabajar.

El enorme número de inmigrantes, y aquellos que los apoyan en las calles, consideran por completo inaceptables estos arreglos. Sólo obtendremos aquello por lo que estamos dispuestos a luchar, pero estamos dispuestos a luchar por la enchilada completa. No es lo máximo que podemos obtener y no tenemos nada que perder.

Nuestro mayor problema es que el Partido Demócrata, en su premura por llegar a un acuerdo, no está dispuesto a luchar y a adoptar una postura en contra de la repugnante idea del surgimiento de una categoría de personas de segunda clase. Las organizaciones nacionales de apoyo que dicen representar a los inmigrantes muestran indicios de que aceptarán también estos acuerdos. Al propio tiempo, los legisladores y cabilderos de Washington temen la ampliación de un nuevo movimiento en pro de los derechos civiles en las calles, porque éste rechaza sus componendas y hace exigencias que van más allá de lo que ellos han definido como “políticamente posible”.

La gente está dispuesta a luchar por más y hace demandas de largo alcance. El debate de la inmigración debe ser resuelto por los propios inmigrantes y su voz debe ser la primordial… y no aquélla de quienes tienen buenas conexiones políticas.

Gran parte de la dirección de la jerarquía liberal de Washington ha aceptado ya las deficientes componendas del Senado, sin verdadera consulta con los trabajadores inmigrantes. Los comprometen sus vínculos con los partidos políticos y las grandes corporaciones, que poseen voces más poderosas que los inmigrantes. En las marchas y manifestaciones del mes pasado, millones de personas, que desean voz en las decisiones que afectarán sus vidas, han rechazado este enfoque elitista.

Estos vínculos nunca se han debatido con honradez con las comunidades inmigrantes. Antes de las últimas marchas, fueron estos vínculos los que llevaron a las organizaciones a decirnos que no dejáramos el trabajo, abandonáramos la escuela o no compráramos nada durante un solo día. Pero es evidente que el debate nacional ha cambiado sólo por nuestra disposición de hacer precisamente cosas así.

Las acciones del 1 de mayo pusieron de relieve la enorme importancia económica de la fuerza de trabajo inmigrante. Los trabajadores indocumentados merecen alcanzar condición jurídica a causa de ese trabajo, de su contribución inherente a la sociedad. El valor que crean nunca se considera ilegal y a nadie se le ocurre quitárselo a los empleadores que obtienen ganancias de él. Pero las personas que producen este valor sí reciben este nombre: ilegales. Todos los trabajadores crean valor con su trabajo, pero los trabajadores inmigrantes son especialmente rentables porque con la mayor frecuencia se les niegan muchas de las prestaciones que los sindicatos han ganado para los trabajadores nacidos en el país.

El trabajador indocumentado promedio ha estado cinco años en los Estados Unidos. Para ese momento, ha pagado un precio elevado por carecer de condición jurídica, lo que le hace percibir ingresos bajos y perder las prestaciones. Las componendas que pretende el Senado les harían pagar incluso más: multas por legalización, como si fueran delincuentes. Estos acuerdos luego harían que esperaran más de una década para obtener condición jurídica real, sin tomar en cuenta siquiera a los millones que no cumplirían los requisitos y por ende serían deportados.

Los trabajadores indocumentados merecen que se les reconozca de inmediato su condición jurídica y ya han pagado por ello.

El 1 de mayo, los trabajadores inmigrantes demostraron su poder en el debate nacional de inmigración. Su ausencia de los centros de trabajo, escuelas y comercios envió un mensaje poderoso que hizo saber que no se les eliminará de este debate y que las organizaciones nacionales financiadas por las corporaciones no hablan en su nombre.

Son ellos quienes están rescatando del anonimato la lucha por la jornada de 8 horas que los inmigrantes de antaño iniciaron en Chicago hace más de un siglo. Con ello, recuperan las tradiciones de todo el pueblo trabajador.

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